Tribunal impone garantía económica a joven vinculado por el Ministerio Público en presunto plan para atentar contra el presidente Abinader
SAN FRANCISCO DE MACORÍS — El Palacio de Justicia de esta ciudad fue escenario este viernes de la audiencia de medida de coerción contra el joven Delvinson de la Cruz Sosa, quien es acusado por el Ministerio Público de formar parte de un supuesto atentado y plan terrorista en contra del presidente de la República, Luis Abinader.
Tras evaluar los elementos presentados, el juez rechazó la solicitud de prisión preventiva solicitada por el órgano acusador y dictó medidas de coerción consistentes en una garantía económica de un millón de pesos (a ser depositada en efectivo en el Banco Agrícola), impedimento de salida de San Francisco de Macorís y visita periódica cada 15 días ante el fiscal investigador. El tribunal determinó que el proceso se encuentra en una fase inicial de investigación.
El representante legal de De la Cruz Sosa rechazó categóricamente los cargos de tentativa de terrorismo y asociación de malhechores presentados por el Ministerio Público. Según la defensa, en las conversaciones de chat bajo investigación solo existían reclamos, cuestionamientos gubernamentales y protestas sociales sobre temas nacionales, pero en ningún momento hubo un principio de ejecución ni planes reales contra la vida del mandatario.
Asimismo, el abogado denunció presuntas irregularidades y violaciones a los derechos fundamentales durante el proceso de arresto y obtención de pruebas, señalando que las revisiones de chats privados se habrían realizado sin la debida autorización judicial. Sostuvieron además que en los allanamientos no se hallaron artefactos explosivos ni compuestos químicos capaces de materializar una acción de esa naturaleza.
Protestas a las afueras del Palacio de Justicia
Paralelamente al desarrollo de la audiencia, integrantes de colectivos de lucha popular y organizaciones sociales realizaron una manifestación en el exterior del recinto judicial. Los manifestantes exigieron la libertad pura y simple del imputado, calificando el expediente como un «montaje» y un espectáculo mediático destinado a desviar la atención pública de problemáticas sociales como el alto costo de la vida, los apagones y el incremento en los precios de los combustibles.
El proceso legal continúa abierto mientras las autoridades judiciales profundizan las investigaciones para determinar la presunta participación de otros implicados mencionados en el expediente.
