Mujer asegura sentirse desprotegida pese a múltiples denuncias por maltrato desde 2024
AGENDA56, SANTO DOMINGO.– El drama de la violencia de género en la República Dominicana vuelve a mostrar su rostro más vulnerable y desesperante. Doriluz Díaz Félix, madre de tres hijos y sobreviviente de un ciclo de 20 años de maltratos, denunció públicamente que teme convertirse en la próxima víctima de feminicidio en el país debido a la parálisis de las autoridades, quienes no han emitido una orden de arresto contra su agresor a pesar de las constantes denuncias depositadas desde el año 2024.
El señalado es su exesposo, Rubén Darío Falcón Contreras, quien según el testimonio de la víctima, mantiene una persistente y agresiva campaña de amenazas de muerte. El detonante de la escalada violenta ha sido la negativa de Díaz Félix a abandonar la vivienda familiar que ambos construyeron durante el matrimonio, inmueble donde ella reside actualmente junto a los tres hijos que procrearon en común.
La denunciante explicó que ha acudido de manera reiterada a la Unidad de Violencia de Género de Santo Domingo Este en busca de auxilio legal y protección. Sin embargo, la respuesta del sistema judicial ha sido nula, permitiendo que el presunto agresor continúe en libertad y burlando los mecanismos de seguridad previstos para estos casos de alto riesgo.
A la falta de acción judicial se suma el blindaje del entorno familiar de Falcón Contreras. Según relató la víctima, los parientes del hombre justifican sus conductas violentas y las amenazas de muerte bajo el argumento de que este padece de problemas de salud mental; una condición que, lejos de mitigar el peligro, aumenta el estado de desprotección e indefensión de la madre y sus hijos.
En un contexto nacional donde la efectividad preventiva del Estado se encuentra bajo severo cuestionamiento por parte de la sociedad, Díaz Félix hizo un llamado de auxilio urgente a los altos mandos de la Procuraduría General de la República y del Ministerio de la Mujer. Su exigencia es clara: una intervención inmediata antes de que la inacción institucional convierta sus dos años de querellas en una tragedia irreparable.
