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La primera Constitución dominicana cumple 182 años: una historia de libertad, poder y controversias

AGENDA56, SANTO DOMINGO.- Este viernes 6 de noviembre, la República Dominicana conmemora el 182 aniversario de la proclamación de su primera Constitución, aprobada en 1844 en San Cristóbal, apenas ocho meses después de la Independencia Nacional.

La naciente República necesitaba establecer las normas que garantizarían su organización política, los derechos de sus ciudadanos y el funcionamiento de sus instituciones. Para ello, representantes de distintas comunidades fueron convocados a una Asamblea Constituyente, cuyos trabajos culminaron con la aprobación de la primera Carta Magna dominicana.

El documento estableció principios fundamentales como la soberanía nacional, la separación de los poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, y el reconocimiento de derechos individuales. Sin embargo, su nacimiento estuvo marcado por profundas diferencias entre los sectores liberales y conservadores.

Uno de los episodios más controvertidos fue la incorporación del artículo 210, impulsada durante el predominio político y militar del general Pedro Santana, quien rechazaba las limitaciones que el proyecto constitucional imponía al Poder Ejecutivo.

Esta disposición concedía al presidente facultades extraordinarias mientras persistiera la guerra con Haití, permitiéndole organizar las fuerzas militares y emitir órdenes y decretos sin quedar sujeto a responsabilidad por esas actuaciones.

Aunque sus defensores consideraban necesarios esos poderes para garantizar la seguridad de una nación recién independizada, sus críticos entendían que la medida debilitaba la separación de poderes y abría las puertas al autoritarismo.

El artículo 210 fue eliminado mediante la reforma constitucional de febrero de 1854, pero permanece como uno de los ejemplos históricos más debatidos sobre los límites del poder presidencial.

A 182 años de aquel acontecimiento, la Constitución de 1844 representa no solo el nacimiento jurídico del Estado dominicano, sino también el inicio de una discusión que continúa vigente: cómo garantizar la seguridad nacional sin comprometer las libertades y los principios democráticos.

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