EE. UU. señala a RD entre países usados para evadir aranceles; Gobierno lo niega
ESTADOS UNIDOS.- Unos cuarenta países, incluidos importantes socios comerciales de Washington y la República Dominicana, sirven como punto para reenviar productos, principalmente chinos, a Estados Unidos, como modo de eludir aranceles, según un informe de la Casa Blanca publicado este jueves.
No obstante, el gobierno dominicano se deslió de esa práctica y destacó que el país mantiene controles institucionales orientados a proteger la integridad de sus operaciones de comercio exterior.
En un comunicado sobre el tema, el Ministerio de Industria, Comercio y Mipymes (MICM) informó que ha estudiado con atención el informe de la Casa Blanca y aclaró que el documento no establece que las exportaciones dominicanas, en términos generales, sean producto de triangulación ilícita ni cuantifica un volumen específico atribuible a la República Dominicana.
Asimismo, dijo que el informe no impone ni anuncia ningún tipo de sanción, penalidad, restricción comercial o medida arancelaria contra el país. Lo que hace es identificar riesgos potenciales asociados a determinadas rutas, productos y plataformas logísticas en más de 40 países.
En el caso de la República Dominicana, el informe la ubica dentro de un grupo de economías de menor escala que, por contar con zonas francas, infraestructura portuaria y logística, capacidad de manufactura especializada y acceso preferencial al mercado estadounidense, pudieran resultar atractivas para operadores ilícitos.
Precisamente por ello, el país mantiene controles institucionales orientados a proteger la integridad de sus operaciones de comercio exterior.
“La República Dominicana es una plataforma real de manufactura, zonas francas y logística. Aquí existen plantas, inversión, trabajadores dominicanos y procesos productivos que generan valor antes de exportar a los Estados Unidos. Una cosa es triangulación ilícita y otra muy distinta es manufactura legítima, inversión productiva y nearshoring”, expresó el Ministerio.
El MICM subrayó que comparte plenamente el objetivo de los Estados Unidos de impedir que cualquier empresa utilice territorio dominicano para evadir ilegalmente aranceles, falsear el origen de una mercancía, reetiquetar productos o vulnerar compromisos comerciales asumidos con socios estratégicos.
“Si existe alguna operación irregular, la República Dominicana es la primera interesada en identificarla, corregirla y sancionarla conforme a la ley. Nuestro país no promueve ni tolera prácticas dirigidas a encubrir el origen real de mercancías, evadir aranceles o afectar la confianza de nuestros socios comerciales”, indicó la institución.
Entre los mencionados en el informe figuran los vecinos México y Canadá. También la Unión Europea, Taiwán, India, Japón, Corea del Sur y Vietnam.
Aunque el informe señala que, debido a su proximidad a China, no es sorpresa que muchos países desempeñen un “papel importante en la red”, sí llama la atención que otros “países más pequeños en el mundo” también facilitan esta estafa.
“Estos países —desde Costa Rica y la República Dominicana en Latinoamérica, hasta Kenia y Marruecos en África, pasando por Kazajistán en Asia Central, Jordania y los Emiratos Árabes Unidos en Oriente Medio— no mueven los mayores volúmenes de dólares. Pero los exportadores vinculados a China se sienten atraídos por estos países porque cada uno ofrece una ventaja comparativa especializada”, se puede leer en el escrito.
Señala que algunas de estas características especiales son la mano de obra barata, normas permisivas de las zonas de libre comercio, escasa vigilancia aduanera, acceso estratégico a puertos, almacenes aduaneros, capacidad de ensamblaje especializada y/o acceso preferencial al mercado estadounidense en comparación con China.
Asimismo, el documento es contundente al denunciar que cada dólar perdido por esta gran estafa de transbordo es un dólar robado a los trabajadores, fabricantes y contribuyentes estadounidenses, además de los efectos macroeconómicos acumulativos, el deterioro de las comunidades y los miles de millones de dólares en pérdida de Producto Interno Bruto (PIB) e ingresos fiscales federales no percibidos.
