Aplazan medida de coerción contra joven acusado de planear atentado a Abinader; Colectivo sale en su defensa
SAN FRANCISCO DE MACORÍS — El conocimiento de la medida de coerción contra el joven Delvison de la Cruz Sosa, acusado por el Ministerio Público de presuntamente organizar un atentado en contra del presidente de la República, Luis Abinader, fue aplazado para el próximo viernes a las 4:00 de la tarde en el Palacio de Justicia de esta ciudad.
El aplazamiento se originó debido a que el imputado cambió de representación legal durante el proceso. El abogado privado que hasta entonces lo asistía, el licenciado Jerson Lizardo, decidió apartarse del caso.
Mientras que Lizardo atribuyó su salida a “razones estrictamente personales” y de ética profesional, familiares del imputado señalaron que la decisión también estuvo vinculada a cuestiones presupuestarias, por lo que el tribunal procedió a derivar la defensa legal a la Defensoría Pública.
Por su parte, la representante del Ministerio Público, María Concepción Pichardo, indicó que el caso se mantiene en fase de investigación y que la calificación jurídica provisional tipifica los hechos, hasta el momento, como un intento de terrorismo, reiterando la solicitud de la medida de coerción más gravosa.
A las afueras del Palacio de Justicia se registraron manifestaciones y consignas de respaldo organizadas por colectivos populares y comunitarios, tales como el Colectivo de Lucha Popular. Los manifestantes exigieron la inmediata liberación del joven y calificaron las acusaciones en su contra como un montaje.
“¿Qué capacidad material ni técnica tiene este muchacho para un atentado contra el presidente de la República? Todo esto es un disparate armado con las intenciones de distraer al pueblo dominicano de los grandes problemas sociales”, expresaron voceros de los colectivos durante la protesta, señalando problemáticas como la crisis eléctrica, el costo de la vida y otras reivindicaciones sociales en la región.
Se espera que para el próximo viernes a las 4:00 p.m. se retome la audiencia con la presencia de la nueva defensa pública para definir la medida de coerción contra el imputado.
