España suspende cautelarmente el voto de miles de ciudadanos que obtuvieron nacionalidad por “ley de nietos”
ESPAÑA- El Tribunal Supremo de España suspendió de manera cautelar la inscripción en el censo electoral de miles de ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la llamada “ley de nietos”, una medida que pone en duda su participación en las próximas elecciones generales previstas para 2027.
La decisión, adoptada este martes, responde a un recurso presentado por los partidos de ultraderecha Vox e Iustitia Europa, que cuestionan la forma en que se ha aplicado la Ley de Memoria Democrática, aprobada en octubre de 2022.
El tribunal considera que permitir la inscripción de estos ciudadanos en el censo electoral supone un “peligro fundado, real y serio” que podría afectar la “objetividad y transparencia” del proceso electoral.
La medida, sin embargo, no constituye una decisión definitiva. Se trata de una medida cautelar mientras el Tribunal Supremo estudia el fondo del recurso.
¿A quiénes afecta?
La llamada “ley de nietos” permite a determinados descendientes de españoles exiliados durante la Guerra Civil y la dictadura franquista solicitar la nacionalidad española.
Desde su aprobación, miles de personas, especialmente en América Latina, han utilizado esta vía para obtener la ciudadanía española.
Según los últimos datos oficiales, hasta el 31 de mayo pasado se habían presentado 2,4 millones de solicitudes de nacionalidad al amparo de la normativa.
De ese total, 333,696 personas ya estaban inscritas en el registro electoral de extranjeros, mientras que otras 238,065 habían obtenido la nacionalidad y estaban en proceso de incorporarse al registro electoral, de acuerdo con datos citados por El País.
El fallo afecta a quienes ya figuran o están tramitando su incorporación al Censo Electoral de Residentes Ausentes (CERA), donde aparecen los españoles que viven fuera del país.
¿Por qué el Supremo suspendió el voto?
El recurso de Vox e Iustitia Europa cuestiona un acuerdo de julio de la Junta Electoral Central (JEC), que rechazó pronunciarse sobre los efectos electorales de la Ley de Memoria Democrática.
El Tribunal Supremo sostiene que la inscripción de los nacionalizados bajo una interpretación amplia de la ley podría alterar el censo electoral y afectar la transparencia del proceso.
El tribunal establece que, para ejercer el derecho al voto bajo este supuesto, los beneficiarios deben demostrar que son hijos o nietos de personas nacidas fuera de España que originalmente fueron españolas y que sufrieron el exilio por razones políticas, ideológicas, religiosas o relacionadas con su orientación o identidad sexual, entre otros requisitos contemplados en la normativa.
Este criterio entra en conflicto con las directrices emitidas por el Ministerio de Justicia en 2022, cuando se estableció cómo debía aplicarse la Ley de Memoria Democrática.
En aquellas instrucciones se indicaba que no era necesario acreditar individualmente la condición de exiliado en determinados casos. Incluso se establecía una presunción para los españoles que abandonaron el país entre el 18 de julio de 1936 y el 31 de diciembre de 1955.
El Supremo considera que esa interpretación amplia habría contribuido al crecimiento del CERA y sostiene que “no parece ajustarse” al contenido de la propia ley.
Sánchez critica la decisión
El presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, cuestionó la decisión judicial y acusó al Partido Popular y a la ultraderecha de limitar el derecho al voto de ciudadanos españoles.
“El Partido Popular y la ultraderecha cercenan el derecho al voto de miles y miles de ciudadanos españoles”, afirmó.
Sánchez sostuvo que su Gobierno no quiere “ciudadanos de primera y de segunda”, sino ciudadanos “todos de primera, con los mismos derechos”.
El mandatario también pidió al Tribunal Supremo que resuelva el caso con rapidez para evitar que la suspensión se prolongue y genere incertidumbre entre los afectados.
Vox celebra el fallo
Mientras el Gobierno criticó la decisión, Vox la recibió como una victoria política.
La portavoz de la formación en el Congreso, Pepa Millán, aseguró que el tribunal había suspendido los efectos electorales de la llamada ley de nietos y lo que calificó como un intento de manipulación del censo de cara a las próximas elecciones.
Millán sostuvo que su partido logró detener lo que considera un intento del Gobierno de Sánchez de “adulterar el censo”.
El Partido Popular también ha reclamado protagonismo político tras la decisión judicial.
Preocupación entre los beneficiarios
La medida ha generado preocupación entre ciudadanos que obtuvieron la nacionalidad española mediante la Ley de Memoria Democrática o que todavía están realizando el proceso.
Felipe Gómez, nacionalizado español a través de esta normativa y nieto de una republicana exiliada en México en 1939, expresó a El País su preocupación por la decisión.
Consideró que la controversia podría incluso llevar a algunos afectados a movilizarse para defender su derecho al voto.
“Yo prevería que antes de las elecciones esto se haya resuelto conforme a la ley”, dijo.
Gómez cuestionó que un Estado democrático establezca diferencias entre ciudadanos en función de la vía mediante la cual obtuvieron la nacionalidad.
La chilena Antonia Álvarez, quien tramita su nacionalidad española, también criticó la decisión.
“Esto, claramente, afectará a muchas personas que debieran tener este derecho como ciudadanos, los que la obtuvieron y los que estamos en trámite”, afirmó a la prensa española.
Para Álvarez, la medida genera una sensación de rechazo entre quienes buscan convertirse en ciudadanos españoles.
Una decisión todavía provisional
El Tribunal Supremo dejó claro que la suspensión es cautelar y provisional, mientras continúa el proceso judicial sobre el fondo de la controversia.
Por ahora, quienes estén incluidos en los supuestos afectados deberán esperar a que el tribunal determine si la interpretación de la Ley de Memoria Democrática utilizada para ampliar el acceso a la nacionalidad y al censo electoral se ajusta a la legislación española.
La decisión final será determinante para miles de ciudadanos naturalizados, muchos de ellos residentes en América Latina, que esperaban ejercer por primera vez su derecho al voto en unas elecciones generales españolas.
