Dictan un año de prisión preventiva a agente de Migración y chofer acusados de cobrar sobornos a haitianos
AGENDA56, MONTECRISTI.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del distrito judicial de Montecristi impuso un año de prisión preventiva a un agente de la Dirección General de Migración (DGM) y a un chofer de esa institución, acusados de cobrar sobornos a ciudadanos haitianos en condición migratoria irregular y trasladarlos de manera ilegal en un vehículo oficial.
La medida de coerción fue dictada contra el agente migratorio Gustavo Adolfo García Vásquez y el chofer Joel Antonio Castillo Reynoso, ambos adscritos al Departamento de Interdicción Migratoria con asiento en Puerto Plata.
Durante la audiencia, el Ministerio Público, representado por la titular de la Procuraduría Especializada de Persecución de la Corrupción Administrativa (Pepca), Mirna Ortiz, junto a los fiscales Elizabeth Paredes Ramírez, Yoneivy Alfredo González Mueses y Ernesto Guzmán Alberto, sostuvo que los imputados carecen de arraigo suficiente para enfrentar el proceso en libertad.
Arrestados en flagrante
De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 19 de junio, cuando los imputados tenían la misión de trasladar a 32 ciudadanos haitianos indocumentados desde el Centro de Interdicción Migratoria de Puerto Plata hasta el Centro de Procesamiento Migratorio de Dajabón para su posterior deportación.
Tras completar esa labor, ambos regresaron hacia Puerto Plata y, pese a no estar autorizados para transportar personas en el trayecto de retorno, fueron sorprendidos trasladando a otros 22 ciudadanos haitianos indocumentados, incluidos menores de edad.
La detención fue realizada por miembros de la Fuerza de Tarea Conjunta e Interagencial en el paraje Copey, del municipio Pepillo Salcedo, provincia Montecristi.
Investigación
El expediente establece que el camión oficial de la DGM, marca Shacman, levantó sospechas al desplazarse en dirección contraria a la ruta hacia Dajabón mientras transportaba migrantes.
Durante la inspección, los agentes encontraron a los 22 ciudadanos haitianos sentados en la parte trasera del vehículo. Ninguno poseía documentos que acreditaran su permanencia legal en el país.
Según la investigación, dos de los migrantes manifestaron que tenían empleadores esperándolos en Puerto Plata, quienes pagarían RD$22,000 y RD$24,000 por su traslado.
El Ministerio Público determinó que esas personas no habían sido detenidas durante operativos oficiales de interdicción migratoria, ya que no figuraban en los registros correspondientes.
Cobros ilegales
La investigación establece que los imputados utilizaron su condición de empleados públicos y los recursos de la Dirección General de Migración para facilitar el tráfico ilícito de personas a cambio de sobornos.
El expediente indica que por cada traslado se cobraban entre RD$12,000 y RD$40,000, montos pagados en efectivo o mediante transferencias realizadas por familiares en Haití o en República Dominicana.
Asimismo, el órgano acusador señala que, en algunos casos, los migrantes eran captados a través de redes sociales o mediante agencias de viaje que ofrecían el ingreso al país sin cumplir los requisitos legales.
La jueza Javierca Gómez ordenó que ambos imputados cumplan la medida de coerción en la cárcel pública de Montecristi.
El Ministerio Público informó que las investigaciones continúan y recordó que los procesados enfrentan cargos por presuntas violaciones al artículo 146 de la Constitución, los artículos 174, 175 y 177 del Código Penal Dominicano, así como a la Ley 46-25, que modifica la Ley 137 sobre tráfico ilícito de migrantes y trata de personas.
