Un sacerdote nicaragüense es declarado culpable de abusar de una menor
MANAGUA.– El sacerdote nicaragüense José Leonardo Urbina Rodríguez fue declarado culpable por el delito de abuso sexual en concurso real de violación sexual y lesiones psicológicas leves en perjuicio de una menor de 14 años, en un juicio celebrado a puertas cerradas, informó este viernes su familia.
Urbina Rodríguez, de 51 años y párroco de la iglesia Perpetuo Socorro, de la ciudad de Boaco (centro), se convierte en el segundo sacerdote en ser condenado por la Justicia nicaragüense por delitos comunes.
El presbítero fue declarado culpable por el juez Edén Enrique Aguilar Castro, del Juzgado Tercero Especializado en Violencia contra la Mujer, en un juicio restringido, que duró dos días.
«Esta mañana la doctora Clarisa Ibarra, directora de la Defensoría Pública a nivel nacional, nos informó que (el sacerdote) fue declarado culpable», dijo José Ángel Urbina, padre del religioso, al diario digital Confidencial.
Según la familia, el Gobierno que preside el sandinista Daniel Ortega, y el juez Aguilar Castro, les impidieron el derecho de nombrar a un abogado defensor particular, pese a que hicieron cuatro peticiones al respecto.
El judicial aceptó a una representante de la Defensoría Pública como abogada de oficio del sacerdote, denunció el abogado de la familia, Francisco Gutiérrez, a quien no lo acreditaron para el juicio.
«Fue la misma Defensoría Pública que a motu proprio pidió querer defender a monseñor Urbina Rodríguez, a pesar que su padre me nombró a mi como su abogado», sostuvo.
A juicio del abogado de la familia del sacerdote, «está claro» que este accionar del Poder Judicial y del Estado demuestra que «falta el pilar fundamental de un proceso que es la imparcialidad del juez».
Por su lado, el abogado nicaragüense Yader Morazán explicó que el juez Aguilar Castro condenó por delito sexual al sacerdote en un juicio a puertas cerradas, en el que se le sustrajo del juez que le correspondía, se le impuso una defensa del Estado, y negaron todo contacto o presencia familiar.
Morazán, especialista en administración de justicia y derechos humanos con enfoque de género y exfuncionario del Poder Judicial, consideró que esa serie de arbitrariedades procesales dejaron en total indefensión al religioso.
LOS HECHOS ACUSATORIOS
Según los hechos acusatorios, en diciembre de 2021, previo a la época de Navidad, el sacerdote pidió permiso a la abuela de la menor, con quien tenía 6 años de amistad, para que la niña, a bordo de una camioneta conducida por el religioso, lo acompañara a comprar tortillas.
El cura se desvió del camino y estacionó el vehículo a la orilla de un río, donde, según la acusación, realizó tocamientos a la niña, y, además de besarla, le pidió sostener relaciones sexuales, a lo que la menor se negó.
La Fiscalía sostuvo que un domingo de enero pasado el cura utilizó la misma justificación y llevó a la menor al mismo lugar, tocó sus partes y le propuso de nuevo sostener relaciones sexuales.
La tercera vez fue en abril pasado, un domingo, cuando el cura, con la misma excusa, se llevó a la menor al mismo lugar y en esa ocasión consumó la violación vaginal, de acuerdo con la acusación del Ministerio Público.
SEGUNDO SACERDOTE CONDENADO
Urbina Rodríguez se convierte en el segundo sacerdote condenado en los últimos 3 meses, de un total de 11 que guardan prisión, incluido Rolando Álvarez, obispo de la diócesis de Matagalpa (norte), quien es acusado de subversivo, aunque no se han ofrecido pruebas.
En mayo pasado, el sacerdote Manuel Salvador García Rodríguez, de la parroquia Jesús Nazareno, de la ciudad de Nandaime (Pacífico), fue detenido por una supuesta agresión contra una mujer y posteriormente condenado a dos años de prisión.
La supuesta víctima desmintió haber sido agredida por el religioso, por lo que fue acusada por la Fiscalía por el delito de falso testimonio, y declarada culpable por un juez.
El presidente Daniel Ortega ha tildado de «terroristas» a los obispos nicaragüenses que actuaron como mediadores de un diálogo nacional con el que se buscaba una salida pacífica a la crisis política y social que vive el país desde 2018.
