Situación tensa en circunvalación de SFM con propietarios de terrenos y representante de Obras Públicas por falta de pago
SAN FRANCISCO DE MACORÍS.– Una tensa situación se registró este viernes en la salida hacia Santo Domingo, en las proximidades de la comunidad de Mirabel, donde propietarios de terrenos se opusieron firmemente la continuación de los trabajos de construcción de la Avenida Circunvalación por parte del Ministerio de Obra Públicas, alegando que el Estado dominicano no les ha pagado el dinero correspondiente por la expropiación de sus tierras.
El conflicto escaló ante la llegada de equipos pesados acompañados por un contingente de militares y miembros de la fuerza pública, con la intención de intervenir de inmediato los predios ubicados en la zona donde se contempla la construcción del distribuidor de tráfico que conectará con la avenida Antonio Guzmán Fernández.
José Alberni de las Rosa Reyes, portavoz de la familia de las Rosa Reyes y uno de los principales afectados, denunció que las autoridades pretenden «invadir a la fuerza» su propiedad privada sin haber completado la transacción financiera de rigor. De las Rosas explicó que la deuda del Estado con su familia asciende a más de 90 millones de pesos por una extensión de terreno que supera los 9,000 metros cuadrados.
«El Estado dominicano hizo una negociación con nosotros y emitieron unos cheques que estaban incompletos. Nosotros no recibimos el pago porque estaba incompleto; ellos quedaron de rehacerlos con el pago total y estamos esperando. No nos oponemos a que construyan, siempre y cuando nos paguen. Después que nos paguen, pueden entrar; mientras tanto, no», enfatizó el propietario durante la acalorada discusión con los ingenieros y representantes de la obra.
Los denunciantes recalcaron que a otros propietarios colindantes ya se les realizaron los pagos correspondientes, por lo que ven como un atropello que se intente usar la fuerza militar para despojarlos de sus terrenos sin haber firmado los acuerdos definitivos de cobro.
La versión oficial y mediación del Senado
Al lugar del conflicto se presentó el senador de la provincia Duarte, Franklin Romero, con el fin de mediar entre las partes y buscar una salida amigable que no continúe retrasando la culminación de la importante infraestructura vial, la cual arrastra años de ejecución desde administraciones pasadas.
Romero reconoció la legitimidad del reclamo de los propietarios, confirmando que desde el año 2021 el Gobierno ha desembolsado cerca de 400 millones de pesos para saldar deudas con la gran mayoría de los dueños de terrenos expropiados a lo largo de la ruta, pero aclaró que el caso de la familia de las Rosas Reyes corresponde a las últimas cubicaciones y anexos del proyecto.
El legislador explicó el trasfondo burocrático que originó el retraso con los cheques, deslindando la responsabilidad directa de Obras Públicas y señalando a la fiduciaria RD Vial, entidad encargada de administrar los fondos y pagos de la obra.
«Tal como dice Alberni, sucedió así. Pero en RD Vial explican que cuando él se apersonó a retirar los cheques, hubo que realizar un proceso técnico de subdivisión de los terrenos. Por ley, un cheque que permanece más de tres meses guardado en una institución pública debe ser reintegrado a la fiduciaria para agotar el proceso de emisión de nuevo», argumentó Romero, exhortando a los propietarios a otorgar un voto de confianza a las autoridades viales para resolver el impase administrativo en el menor tiempo posible.
A pesar de la intervención, los dueños de los terrenos reiteraron su postura de que no permitirán el paso de las maquinarias ni la continuación de las excavaciones hasta tanto no tengan en sus manos las evidencias físicas o los fondos correspondientes de la indemnización estatal.
