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El sistema penitenciario de República Dominicana alberga aproximadamente a 450 reclusos diagnosticados con trastornos de salud mental, informó Roberto Hernández Basilio, director de Servicios Penitenciarios y Correccionales.
Destacó la contradicción de mantener encarceladas a personas con estas condiciones, ya que, según el artículo 64 del Código Penal, son inimputables.
«Es un contrasentido decir que estoy creando un pabellón psiquiátrico, porque cuando una persona tiene una condición psiquiátrica, es inimputable y no debería estar presa», señaló este viernes durante la inauguración del nuevo Pabellón de Salud Mental en el Centro de Corrección y Rehabilitación de San Pedro de Macorís.
El país cuenta con cuatro pabellones especializados para atender a reclusos en estas condiciones, ubicados en las cárceles de La Victoria, Najayo Mujeres, Najayo Hombres y el recién inaugurado en San Pedro de Macorís.
Hernández Basilio informó que estos espacios cuentan con un fondo de 400 mil pesos, que se reponen según se vayan utilizando, para la compra de medicamentos, los cuales se entregarán de manera gratuita a los reclusos que no cuenten con seguro médico ni con los recursos necesarios para cubrir su tratamiento.
El defensor del pueblo, Pablo Ulloa, destacó la importancia de la creación del nuevo pabellón psiquiátrico, así como de los otros ya existentes en el país, debido a la «urgente necesidad» de atención para los reclusos con trastornos de salud mental en las cárceles dominicanas.
No obstante, Ulloa criticó el «exceso» de personas en prisión preventiva, que alcanza alrededor del 57 %, incluyendo a aquellos con condiciones psiquiátricas, lo cual considera un aspecto preocupante dentro del sistema penitenciario.
Ulloa afirmó que República Dominicana necesita un Instituto Nacional de Ciencias Forenses (Inacif) con los recursos, especialistas y psiquiatras adecuados para evaluar a los reclusos que presenten trastornos mentales, evitando que sean enviados a prisión preventiva de manera incorrecta.
Citando el reciente caso de Ana Josefa García Cuello, la médico militar acusada de decapitar a su hija el 15 de agosto, Ulloa resaltó que, a pesar de que su abogado asegura que padece de esquizofrenia, se le impuso un año de prisión preventiva en Najayo Mujeres, ya que se requería el documento certificado por Inacif.
Agregó: «No podemos seguir teniendo muchas Ana Josefa que deban pasar tres, seis, nueve o doce meses en prisión para ver si es posible probar el crimen que cometieron. Indiscutiblemente, ella presenta problemas de salud mental que están claramente definidos».
