Reclusos acusan al director cárcel de Samaná de frenar traslados, cerrar cursos de INFOTEP y eliminar actividades educativas
AGENDA56, MARÍA TRINIDAD SÁNCHEZ.- Un grupo de privados de libertad recluidos en la Cárcel Pública de Samaná denunció públicamente presuntos abusos de poder, maltrato institucional y cobros irregulares por parte de las autoridades del recinto penitenciario.
Los denunciantes señalan directamente al director del penal, Marino Ogando, a quien acusan de mantener un distanciamiento con la población penitenciaria y de haber eliminado programas esenciales dentro del centro, como actividades educativas, deportivas y cursos técnicos impartidos por el Instituto Nacional de Formación Técnico Profesional (INFOTEP).
De acuerdo con la denuncia, la suspensión de estos programas impide que los internos puedan acceder a derechos contemplados en el sistema penitenciario dominicano, como la solicitud de medio libre, cartas de buena conducta y aplicación a libertad condicional, mecanismos fundamentales para el proceso de reinserción social.
Uno de los reclusos, con nueve años privado de libertad y oriundo de Santiago, afirma que tiene un traslado pendiente hacia el CCR Rafey Hombres, pero que dicho proceso permanece detenido presuntamente por decisiones administrativas del director. El denunciante expresó además temor por su seguridad, alegando que ya no debería permanecer en ese recinto y responsabilizando a las autoridades en caso de que ocurra algún incidente en su contra.
Asimismo, indicaron que otros internos cuentan con destinos asignados hacia distintos centros penitenciarios del país, entre ellos La Isleta (La Parra), Najayo y Vista al Valle, pero que los traslados no se han ejecutado.
La denuncia también involucra al mayor del Ejército, Ovispo Guzmán Paniagua, a quien acusan de supuestamente obstaculizar las actividades educativas y recreativas dentro del penal, así como de participar en alegados cobros económicos a cambio de facilitar traslados, bajo el argumento de falta de combustible para realizar los movimientos hacia otros recintos.
Los privados de libertad aseguran que, pese a cumplir estrictamente las normas establecidas por el Gobierno de la República Dominicana dentro del centro, se sienten vulnerados en sus derechos y desprotegidos ante lo que califican como prácticas abusivas y corruptas.
Finalmente, hacen un llamado urgente al Ministerio Público, a la Procuraduría General de la República y a los organismos de control del sistema penitenciario para que realicen una investigación inmediata en la Cárcel Pública de Samaná y verifiquen las condiciones denunciadas.
“Necesitamos ayuda urgente. No solo soy yo, somos varios internos con destinos asignados que permanecemos retenidos aquí. Pedimos que las autoridades competentes intervengan antes de que ocurra una desgracia”, concluye el comunicado.
