Más nómina, menos obras: ¿qué implica eliminar las sanciones al gasto municipal?
Por Kirsibel García.-
AGENDA56, SANTO DOMINGO.- El Senado aprobó un proyecto de ley que, bajo el argumento de otorgar mayor flexibilidad, elimina las sanciones penales a alcaldes y autoridades municipales que incumplan la distribución del presupuesto. Al mismo tiempo, eleva de un 30 % a un 75 % el margen permitido para gastos operativos, incluyendo nómina, funcionamiento y actividades municipales.
La medida no solo modifica porcentajes. Cambia el enfoque del gasto público local y redefine lo que hasta ahora se consideraba una falta sancionable. Lo que antes podía generar consecuencias legales, ahora pasa a ser una decisión administrativa sin castigo penal.
La normativa vigente obligaba a los ayuntamientos a destinar la mayor parte de sus recursos a inversión y servicios directos para la ciudadanía. Calles, aceras, drenajes y parques no eran una opción política, sino una obligación legal. Con esta reforma, esos proyectos quedan supeditados a lo que reste luego de cubrir los gastos de operación.
Hasta tres cuartas partes del presupuesto municipal podrán utilizarse para pagar sueldos, contratos, actividades y funcionamiento. En la práctica, la inversión en obras deja de ser prioritaria y se convierte en un complemento condicionado a la disponibilidad de fondos.
La eliminación de las sanciones penales abre un debate más profundo sobre la rendición de cuentas. Si un funcionario no enfrenta consecuencias legales por incumplir los límites presupuestarios, la responsabilidad deja de ser jurídica y pasa a depender únicamente de la voluntad política y la presión ciudadana.
Los promotores de la iniciativa sostienen que muchos municipios no pueden operar con el límite del 30 %. Sin embargo, críticos advierten que el nuevo margen favorece el crecimiento de nóminas infladas, contrataciones discrecionales y prácticas clientelares, especialmente en contextos electorales.
El riesgo no es inmediato, pero sí acumulativo. Ayuntamientos con altos gastos fijos y baja inversión tienden a mostrar servicios deteriorados, infraestructura en abandono y una creciente desconexión entre lo que se recauda y lo que se entrega a la ciudadanía.
La pregunta de fondo permanece abierta: si incumplir la distribución del presupuesto ya no conlleva consecuencias penales, ¿qué incentivos reales existen para priorizar el interés público sobre la conveniencia política?
Esta reforma no solo redefine la administración municipal. Redefine los límites de la responsabilidad en el uso de los recursos públicos.
