Más de 100 agentes policiales han sido sometidos a la justicia por uso indebido de la fuerza, según Interior y Policía
AGENDA56, SANTO DOMINGO.- En el último año, más de 100 agentes de la Policía Nacional han sido sometidos a la justicia, recordó la ministra de Interior y Policía, Faride Raful, al explicar cómo la reforma a la institución del orden ha provocado que esos uniformados sean llevados a los tribunales por casos que tienen que ver con el mecanismo del uso de la fuerza, específicamente.
Las razones puntuales de esos sometimientos, según la ministra, responden a «acciones que comprometen gravemente su responsabilidad penal», de acuerdo con el estamento policial. La funcionaria habló sobre esa cifra durante La Semanal con la Prensa, en respuesta al presunto incremento de ejecuciones extraoficiales a manos de la Policía Nacional.
«El año pasado, en septiembre, el presidente de la República, rafiticó el principio del respeto a los derechos humanos, que llevamos ante la Organización de Estados Americanos, donde se hablaba del compromiso del Gobierno dominicano para que estas acciones fueran proporcional al uso de la fuerza en el sentido en que se usaran en cada momento», dijo Raful.
«Por primera vez, estamos involucrando en la Ley Orgánica de la Policía Nacional el tema del uso de la fuerza como un mandato dentro de Ley Orgánica de la Policía, que esperamos sea aprobada por nuestro Congreso a corto plazo. De todas manderas, esto está en investigación del Ministerio Público, la ONE (Oficina Nacional de Estadística), están trabajando en la sistematización de estos datos, porque nadie quiere más el esclarecimiento de estas acciones», explicó la ministra.
Se recuerda que, sobre el particular, sectores políticos y de la sociedad civil han denunciado un patrón creciente de muertes a manos de policías, reportadas como “intercambios de disparos”, a las que han calificado como ejecuciones extrajudiciales.
Hace varias semanas, el movimiento cívico no partidista Participación Ciudadana reclamó a la Procuradora General de la República y a la ministra Raful la formulación de políticas públicas que garanticen la investigación rigurosa de cada caso de fallecimientos ocurrido en presuntos intercambios de disparos, como se ha anunciado en relación con la muerte de cinco jóvenes en el sector La Barranquita, en la provincia Santiago.
