¿El llamado “Código 29” está reduciendo la delincuencia en República Dominicana?
SANTO DOMINGO. – En las últimas semanas, varios hechos criminales han vuelto a colocar una pregunta incómoda en la conversación de los dominicanos: ¿qué tan segura es realmente la sociedad en la que viven?
Un joven fue atacado durante un intento de asalto en Serrallés; el merenguero Julián Oro Duro fue asaltado dentro de su residencia y su esposa, Zeneida Socorro Castillo, murió.
Días después, el actor Keny Grullón denunció haber sido víctima de un asalto en su vivienda y Luis Miguel Morillo fue seguido desde un colmado hasta la casa de una amiga en Villa María, donde fue despojado de dinero, joyas y otras pertenencias.
Esta semana, dos hombres intentaron asaltar una joyería en Villa Juana y el vigilante Carlos Martínez resultó herido. Y este jueves, en Barahona, Joel Féliz Cuevas, alias “La Liebre”, de 19 años, murió durante un supuesto intercambio de disparos con agentes policiales.
La Policía lo señalaba como presunto responsable de varios robos y de un violento asalto contra una mujer de 63 años dentro de su vivienda.
Según la institución, era buscado mediante varias órdenes judiciales. Son hechos diferentes, pero tienen un elemento común: el delito aparece penetrando espacios que los ciudadanos consideran seguros, desde la calle y los edificios residenciales hasta el propio hogar y los negocios. Sin embargo, las estadísticas oficiales cuentan otra historia.
Al 25 de septiembre, la tasa acumulada de homicidios era de 7.36 por cada 100,000 habitantes, 15.8 % menos que en igual período de 2025 y 44.2 % por debajo de 2022. Los robos reportados sumaban 3,504 casos, frente a 5,891 en igual período de 2025, una reducción de 40.5 %.
La propia ministra de Interior y Policía, Faride Raful, ha explicado que la percepción de inseguridad y las estadísticas no necesariamente se mueven al mismo ritmo: una mide los hechos registrados y la otra está influida por las experiencias de las personas y la exposición a acontecimientos violentos.
Pero en medio de esa aparente contradicción hay otro número que obliga a mirar con atención la estrategia policial: las muertes ocurridas durante actuaciones de las fuerzas de seguridad. Durante años fueron conocidas como “intercambios de disparos”.
Ahora la Policía las denomina “Acción Legal”. En el debate público, mientras tanto, ha cobrado fuerza el término “Código 29”, utilizado informalmente para referirse a supuestas actuaciones en las que delincuentes buscados terminan muertos durante enfrentamientos.
La Policía Nacional niega que exista una política denominada “Código 29” o una instrucción para matar a personas buscadas. Su posición es que los agentes actúan conforme a las reglas sobre el uso proporcional de la fuerza. La discusión, por tanto, no está solamente en el nombre.
Está en determinar cuántas personas mueren, por qué eran buscadas, qué ocurrió durante cada operativo y qué resultado tienen posteriormente esas investigaciones.
El número detrás de los enfrentamientos Los registros de la Oficina Nacional de Estadística muestran que las muertes clasificadas como “acción policial o militar” pasaron de 77 en 2021 a 139 en 2022, 178 en 2023 y 227 en 2024. En 2025 descendieron a 187.
Entre 2021 y 2025 se acumularon 808 muertes bajo esa clasificación. La cifra no significa que 808 personas fueran delincuentes condenados. La categoría registra fallecimientos producidos por actuaciones policiales o militares y, por sí sola, no determina la responsabilidad penal de quienes murieron. En 2026 el fenómeno continúa.
Solo entre el primero y el 25 de septiembre se registraron 99 homicidios y 45 fueron clasificados como Acción Legal, equivalente al 45.5 % de los homicidios de ese período.
De hecho, septiembre presentó el ritmo más alto del año entre los cortes publicados: 45 muertes por Acción Legal en 25 días, un promedio de 1.8 por día. En enero habían sido 19 en 31 días; en febrero, 17; en marzo, 15; en abril, 25, y en mayo, 25. Hay además otra serie.
La experta en seguridad y defensa Josefina Reynoso, directora del Centro de Estudios de Seguridad y Defensa (CESEDE) y especialista en Seguridad y Defensa con mención en Política Estratégica, ha presentado públicamente cifras según las cuales entre 2020 y septiembre de 2026 se habrían producido aproximadamente 1,025 intercambios de disparos o acciones legales.
Pero un intercambio de disparos es un evento y una muerte es un resultado. No son la misma variable: un operativo puede terminar sin fallecidos o producir más de una muerte.
El caso del exponente urbano Diddy Glow convirtió esa estadística en una sucesión de nombres.
Tras el asesinato del artista en Boca Chica, ocurrido el 12 de septiembre, la Policía inició la búsqueda de los presuntos responsables. El ataque dejó dos muertos y cinco personas heridas.
En los días siguientes, cuatro hombres murieron en distintos operativos y presuntos intercambios de disparos vinculados con la investigación: Michael Junior Rodríguez Peguero, alias “Michael Peluche”; Enger; Wender Alcántara, alias “El Compa” o “La Muerte”, y Deivi Rosado Durán, alias “El Gordo” o “El Fantasma de Guindo”.
Pero hubo otro desenlace: tres jóvenes señalados por su presunta participación se entregaron a las autoridades.
En una misma investigación aparecieron así dos caminos: el enfrentamiento que termina con una persona muerta y la captura que permite llevar a un sospechoso ante un tribunal.
Julián Oro Duro y los otros asaltos: El caso de Julián Oro Duro mostró la otra cara. El ataque ocurrió el 20 de septiembre en la residencia del artista.
Su esposa, Zeneida Socorro Castillo, de 60 años, murió y Julián resultó herido. Las autoridades posteriormente apresaron a cuatro personas vinculadas al hecho. La investigación permitió recuperar dinero y pertenencias sustraídas y presentar evidencias ante los tribunales.
El proceso terminó, hasta ese momento, en arrestos, acusación y prisión preventiva, no en sospechosos muertos durante operativos. Pocos días después, Luis Miguel Morillo fue asaltado en casa de una amiga en Villa María después de ser seguido desde un colmado.
El sospechoso terminó entregándose y las pertenencias de la víctima fueron recuperadas. El caso de Keny Grullón añadió otra dimensión: el impacto que un delito puede dejar aunque no termine en muerte.
El actor ha relatado que todavía tiene dificultades para dormir después de haber sido asaltado dentro de su propia residencia. Y en Villa Juana, el intento de asalto a una joyería volvió a terminar en disparos.
El vigilante resultó herido y uno de los presuntos participantes fue localizado posteriormente en Baní. Ahora, Barahona vuelve a colocar un desenlace letal en la cadena.
Según la Policía, “La Liebre” era buscado por varios robos y órdenes judiciales. La institución sostiene que disparó contra los agentes y que estos respondieron; en el lugar fue ocupada una pistola calibre 380, que será analizada.
Aquí aparece uno de los principales cuestionamientos de Josefina Reynoso.
La especialista calificó como “metodológicamente inválido” el nuevo boletín estadístico presentado por el Centro de Análisis de Datos de Seguridad Ciudadana, CADSECI, porque considera que los cambios introducidos en 2025 en los mecanismos de registro, validación e interoperabilidad dificultan comparar sus resultados con años anteriores. También cuestionó que el país pasara alrededor de dos años sin publicar un boletín estadístico formal.
El Gobierno sostiene, por su parte, que los cambios buscan mejorar la calidad de las estadísticas mediante procesos de depuración y validación entre instituciones.
La diferencia es fundamental: si cambia la forma de contar, una reducción estadística no necesariamente puede atribuirse por sí sola a una reducción real de la violencia. Por eso Reynoso plantea que la evaluación debe incluir prevención, investigación, capturas, judicialización, capacidad policial y controles sobre el uso de la fuerza, no solamente la cantidad de personas muertas durante operativos.
La dimensión del desafío queda todavía más clara con otro dato oficial.
La Policía Nacional registra 53,877 órdenes de arresto pendientes contra personas requeridas por la justicia. De ellas, 11,587 corresponden a robos y 2,681 a homicidios.
La base también incluye miles de órdenes por violencia intrafamiliar, agresiones, delitos sexuales y ciberdelitos. La institución identificó además 2,548 personas requeridas por homicidio.
Mientras tanto, la estrategia oficial reporta millones de acciones preventivas, miles de órdenes ejecutadas, allanamientos y cientos de armas ocupadas.
Solo en septiembre, hasta el corte del día 25, la Policía informó 1,733,357 acciones preventivas, 1,351 órdenes de arresto ejecutadas y 448 armas de fuego ocupadas.
Eso significa que la política de seguridad es mucho más amplia que los intercambios de disparos.
Los datos muestran dos realidades simultáneas.
Por un lado, bajan los homicidios y los robos reportados. La tasa acumulada de homicidios pasó de 13.20 en 2022 a 7.36 en 2026, según la serie presentada por la Policía.
Por otro, las muertes clasificadas como acción policial o militar llegaron a 227 en 2024 y 187 en 2025, mientras que en septiembre de 2026 la Acción Legal representó 45 de los 99 homicidios registrados hasta el día 25.
Eso no demuestra que los intercambios de disparos estén provocando la reducción de la delincuencia.
Tampoco demuestra, por sí solo, que esas actuaciones sean ilegales.
Lo que sí demuestra es que ambas cosas están ocurriendo al mismo tiempo y que la relación entre ellas todavía necesita ser demostrada.
La pregunta, entonces, no debería ser únicamente cuántos presuntos delincuentes han muerto.
Debería ser cuántos fueron capturados, cuántos fueron judicializados, cuántos terminaron condenados, cuántas armas fueron retiradas de las calles, cuántos reincidieron y, sobre todo, cuántas víctimas se evitaron.
Porque una política de seguridad no se mide por la cantidad de personas que mueren durante los operativos.
Se mide por la cantidad de personas que dejan de convertirse en víctimas.
