Diputado Ariel Marte deposita proyecto de ley para establecer la responsabilidad patrimonial de la Dirección General de Aduanas
Santo Domingo, R.D. – Con el objetivo de fortalecer la seguridad jurídica, proteger los derechos de los importadores y promover una mayor transparencia en la administración pública, el diputado por la provincia Duarte, Ariel Marte, depositó un proyecto de ley que modifica la Ley núm. 168-21, General de Aduanas, para establecer de manera expresa la responsabilidad patrimonial de la Dirección General de Aduanas (DGA) por los daños que puedan sufrir las mercancías mientras permanezcan bajo su custodia.
La iniciativa busca llenar un vacío legal existente en la normativa vigente, incorporando un régimen que permita a los importadores y demás titulares legítimos de mercancías reclamar e indemnizarse cuando sus bienes sufran pérdidas, robos, sustracciones, sustitución de piezas o partes, contaminación o deterioro durante los procesos de inspección, vigilancia, depósito o control ejercidos por la DGA.
El proyecto también crea un procedimiento administrativo de reclamación, mediante el cual la Dirección General de Aduanas deberá investigar cada caso y emitir una decisión motivada en un plazo máximo de treinta días hábiles. En caso de incumplimiento de ese plazo, el afectado podrá acudir de inmediato a las vías administrativas y judiciales correspondientes para reclamar la indemnización de los daños sufridos.
Asimismo, la propuesta establece que, una vez comprobada la responsabilidad de la institución, la indemnización deberá cubrir el valor de la mercancía afectada, los tributos pagados cuando corresponda, los gastos de almacenamiento derivados del daño y cualquier perjuicio directo debidamente demostrado. De igual forma, faculta a la Dirección General de Aduanas a ejercer acciones de repetición contra los funcionarios o terceros responsables del daño ocasionado al Estado.
Al presentar la iniciativa, el diputado Marte expresó que este proyecto representa un paso importante para fortalecer la confianza en el sistema aduanero dominicano y garantizar que el Estado responda cuando, por acción u omisión de la administración, se ocasionen perjuicios económicos a los ciudadanos y a los operadores del comercio exterior.
“Nuestro propósito es que exista un marco legal claro que proteja tanto a los importadores como al propio Estado, promoviendo una gestión pública más responsable, transparente y eficiente”, manifestó el legislador.
Con esta propuesta legislativa, el diputado reafirma su compromiso con la modernización del marco jurídico nacional, la protección de la inversión y el fortalecimiento de la competitividad del comercio exterior de la República Dominicana.
