Día Mundial de la Anticoncepción: la mitad de los embarazos en el mundo no son intencionales, según la ONU

El 26 de septiembre se conmemora el Día Mundial de la Anticoncepción. En esta jornada, especialistas subrayan, entre otras cosas, la importancia de proporcionar información clara, accesible y libre de prejuicios sobre el embarazo; sobre todo cuando el panorama global registrado por Naciones Unidas indica que el 50% no son intencionales a nivel global.

Por caso, la realidad en Argentina muestra avances, pero también desafíos. Según datos recientes publicados por AHF Argentina, solo el 17 % de adolescentes y jóvenes usa preservativo en todas sus relaciones sexuales.

Mientras que el estudio Lucía divulgado en 2024 por el Centro de Estudio de Estado y Sociedad, bajo el título “Usos y preferencias de métodos anticonceptivos en mujeres de 15 a 49 años”, da cuenta que en Argentina el 78 % de las mujeres de 15 a 49 años utiliza algún método anticonceptivo.

Estas cifras, lejos de ser neutras, evidencian desigualdades de acceso, persistencia de mitos y una educación sexual que aún no logra llegar con la fuerza necesaria.

El contexto global no resulta más alentador. La Organización Mundial de la Salud estima que de cerca de 1.9 mil millones de mujeres en edad reproductiva, 874 millones utilizan métodos anticonceptivos modernos, pero 164 millones tienen necesidades insatisfechas en planificación familiar.

Según el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA), casi la mitad de los embarazos en el mundo, un total de 121 millones cada año, son no intencionales. De ellos, el 60 % termina en aborto y casi la mitad de esos procedimientos se realiza en condiciones inseguras, provocando el 13 % de las muertes maternas.

En Argentina, las cifras reflejan con crudeza el problema. Cada año hay más de 70 mil nacimientos de embarazos de niñas y adolescentes, y el 70 % de ellos son no intencionales. Este escenario combina múltiples factores: falta de información, barreras de acceso, violencia sexual, coerción reproductiva y desigualdades de género.

La doctora Silvina Valente, presidenta de la Sociedad Argentina de Sexualidad Humana (SASH), advirtió a Infobae que la anticoncepción debe pensarse de manera integral: “incluir a jóvenes, adultos y mayores en políticas públicas, campañas de prevención y espacios de educación sexual”.

La salud sexual en personas mayores, a menudo invisibilizada, también exige atención. Viviana Wapñarsky, psicóloga de la SASH, lo resume con claridad: “no hay información dirigida a adultos mayores, cuando lo que estamos viendo son nuevas infecciones por VIH y otras ITS”.

La creencia de que después de la menopausia o la andropausia no existe riesgo de transmisión favorece descuidos en el uso del preservativo. Datos de Fundación Huésped revelan que más del 60 % de los adultos mayores nunca se realizó un test de VIH, una señal de alarma que desafía la idea de que la anticoncepción es solo un asunto juvenil.

Derribar los prejuicios que rodean a la anticoncepción es clave para garantizar derechos y salud integral.

“Hablar de anticoncepción no es solo hablar de prevención del embarazo, sino también de salud integral, autonomía, igualdad de oportunidades y empoderamiento en la toma de decisiones. La información científica y confiable es la herramienta más poderosa para que cada persona elija de manera consciente cómo cuidar su salud sexual y reproductiva. Esta capacidad de decisión impacta positivamente en la salud física, emocional y económica”, explicó a Infobae la doctora Lorena Bozza, vicepresidenta de la Asociación Médica Argentina de Anticoncepción (AMADA).

Bozza detalla que “el 50% de los embarazos a nivel mundial no son intencionales. Esta realidad se replica en nuestro país y exige políticas públicas y estrategias de información más eficaces”.

A su vez, se ocupa de desarmar falsas creencias que aún circulan. Entre ellas, la idea de que “los anticonceptivos hormonales y el DIU causan infertilidad” o que “el DIU solo es para mujeres que ya tuvieron hijos”.

También enfrenta otros mitos: “El preservativo no es necesario si uso otro método”, “las pastillas engordan”, “la anticoncepción de emergencia es abortiva” o “las pastillas anticonceptivas pueden producir cáncer”. Todos carecen de sustento científico.

La especialista aclara que la fertilidad se recupera rápidamente al suspender los métodos hormonales, que el DIU es seguro en mujeres que no han tenido hijos y que el preservativo sigue siendo esencial para prevenir infecciones de transmisión sexual. También subraya que la anticoncepción de emergencia actúa antes de la fecundación y que no se ha comprobado relación entre píldoras y cáncer.

La falta de acceso a información confiable y a métodos anticonceptivos modernos no se explica únicamente por escasez de insumos. El informe de UNFPA “Visibilizar lo Invisible: La necesidad de actuar para poner fin a la crisis desatendida de los embarazos no intencionales” identifica múltiples factores: servicios de salud sexual y reproductiva insuficientes, opciones inadecuadas para diferentes cuerpos, normas sociales que desvalorizan la autonomía de las mujeres, violencia sexual, coerción reproductiva, pobreza y estancamiento económico.

A esto se suman actitudes prejuiciosas y, en algunos casos, humillación en los centros de salud. Todos estos elementos presionan a niñas y mujeres para que se conviertan en madres aun cuando no lo desean.

En Argentina, el acceso desigual a métodos anticonceptivos expone la necesidad de políticas públicas sostenidas. Aunque existen programas nacionales, la distribución equitativa no siempre está garantizada. Faltantes de preservativos, pastillas o implantes en distintas provincias obligan a muchas personas a depender de opciones privadas.

Valente lo resume con contundencia: “Garantizar la anticoncepción no es solo entregar métodos, sino asegurar educación, acompañamiento y un sistema de salud que responda a todas las edades”.

Frente a este panorama, la sanción de la Ley 27.610 de Acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo y Atención Posaborto representó un paso decisivo. Antes de su aprobación, muchas mujeres y personas con capacidad de gestar recurrían a la clandestinidad para interrumpir embarazos, con alto riesgo para su salud y su vida.

El UNFPA destaca que esta ley busca no solo reducir los embarazos no intencionales y los abortos inseguros, sino también fortalecer los derechos reproductivos y garantizar una atención posaborto segura y acompañada.

El organismo internacional insta a gobiernos y líderes comunitarios a empoderar a las mujeres y las niñas para que puedan tomar decisiones afirmativas sobre las relaciones sexuales, la anticoncepción y la maternidad.

La meta es crear sociedades que reconozcan el valor pleno de las mujeres y que ofrezcan información, servicios de salud sexual y reproductiva de calidad, y una variedad de métodos anticonceptivos aceptables y accesibles. Solo así cada persona podrá decidir de manera consciente si quiere tener hijos y cuándo.

La educación sexual integral aparece como herramienta central. Desde la SASH señalan que no debe limitarse a la adolescencia, sino abarcar todas las etapas de la vida. Incluir a adultos y mayores en espacios de formación y diálogo permite derribar prejuicios que afectan tanto la prevención de enfermedades como el bienestar emocional. Este enfoque transversal promueve una mirada de la sexualidad como parte de la salud a lo largo de todo el ciclo vital.

El Día Mundial de la Anticoncepción, que se conmemora cada 26 de septiembre, se convierte entonces en un llamado urgente. No se trata solo de repartir métodos, sino de asegurar que cada persona tenga el conocimiento, la libertad y el acompañamiento necesarios para ejercer sus derechos.

La SASH lo reafirma: hablar de anticoncepción es hablar de salud, igualdad y calidad de vida.

Y como recuerda el UNFPA, “los derechos más elementales de las mujeres y las niñas son relegados a un segundo plano en tiempos de paz y en medio de una guerra”. Priorizar la prevención de los embarazos no intencionales es una tarea impostergable que compromete a gobiernos, sistemas de salud, educadores y comunidades.

En un país donde apenas 1 de cada 6 jóvenes usa preservativo de forma constante y donde más de 70 mil nacimientos de niñas y adolescentes ocurren cada año, el desafío es inmenso. Pero también hay evidencia de que las soluciones existen: educación sexual integral, acceso universal a métodos modernos, campañas de información libres de prejuicios y políticas de salud que acompañen a todas las edades.

Solo así se podrá avanzar hacia una sociedad donde cada embarazo sea deseado, cada parto sea seguro y cada persona pueda decidir sobre su propio cuerpo con plena autonomía.

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