Desmantelan en Bonao una red que robaba identidad y accedía a cuentas bancarias a través de transferencias ilícitas
AGENDA56, MONSEÑOR NOUEL.- El Ministerio Público solicitó este viernes la imposición de prisión preventiva y la declaratoria de caso complejo contra ocho personas físicas y una persona jurídica, vinculadas a una red criminal dedicada al robo de identidad y al fraude bancario, desmantelada mediante un amplio operativo realizado en diferentes sectores del municipio de Bonao, provincia Monseñor Nouel.
Entre los imputados figuran Fredery García Ortiz, señalado como cabecilla de la estructura y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L., junto a su pareja, María Carolina Durán Tavárez, también implicada en las operaciones fraudulentas.
La lista de procesados incluye además a Jonathan Darío Pichardo, Raúl Ortiz Arias, George Charlie Abreu Tejada, Tatiana Elizabeth Sosa Reyes, Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares y Wilton Rafael Gutiérrez (alias Chango). La empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L. también fue formalmente acusada, al servir como fachada para las actividades ilícitas vinculadas al fraude financiero.
La solicitud fue presentada por la procuradora fiscal Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, en representación del Ministerio Público.
El proceso investigativo se inició a partir de reclamaciones de clientes de una entidad del sistema financiero nacional, lo que dio paso a una exhaustiva labor de inteligencia con el apoyo de la Dirección de Policía Cibernética (Dicat) de la Policía Nacional.
Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red delictiva, quienes lograron acceder de manera fraudulenta a los perfiles de clientes, realizar transferencias ilícitas a cuentas bancarias propias y luego retirar los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones.
El operativo fue coordinado por el Departamento Investigativo de Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, con el respaldo de la Dirección General de Persecución del Ministerio Público y la participación de la Policía Cibernética.
En total se realizaron 34 allanamientos simultáneos, ejecutados por 40 fiscales y más de 200 agentes del Dicat, en los que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias claves. También fueron incautadas sustancias controladas, vehículos y varios inmuebles, presuntamente adquiridos con fondos provenientes del esquema fraudulento.
El Ministerio Público otorgó a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
Para sustentar su solicitud de medida de coerción, el órgano acusador presentó pruebas documentales y tecnológicas que evidencian el modus operandi de la red, la estructura criminal y los resultados obtenidos a través de las operaciones ilegales.
El Ministerio Público consideró que se trata de una organización delictiva estructurada y de alta peligrosidad, por lo que solicitó prisión preventiva como garantía para el proceso judicial y para evitar la obstrucción de la investigación, que se mantiene abierta para identificar a otros posibles implicados.
