Declaran complejo el caso de ocho imputados por fraude bancario y robo de identidad
AGENDA56, MONSEÑOR NOUEL.- La Oficina Judicial de Servicios de Atención Permanente del Distrito Nacional impuso este viernes medidas de coerción contra los ocho imputados vinculados a una red criminal dedicada al fraude bancario y al robo de identidad, desmantelada recientemente en la provincia Monseñor Nouel.
El tribunal dispuso garantía económica, presentación periódica e impedimento de salida del país para todos los procesados.
Las garantías fueron fijadas mediante contratos en los siguientes montos: RD$3,000,000 para Fredery García Ortiz, señalado como cabecilla del entramado y propietario de la empresa Decoral Muebles y Más, S.R.L.; RD$2,000,000 para su pareja, María Carolina Durán Tavárez; RD$1,000,000 para George Charlie Abreu Tejada; RD$500,000 para Jonathan Darío Pichardo y Raúl Ortiz Arias, respectivamente; RD$200,000 para Tatiana Elizabeth Sosa Reyes y Alba Nidia Altagracia Gomera Lagares, y RD$150,000 para Wilton Rafael Gutiérrez, alias «Chango».
La acusación fue presentada por los fiscales Carlos Vidal, del Departamento de Litigación Inicial, y Gabriela Gómez Garrido, adscrita al Departamento Investigativo de Propiedad Industrial, Derecho de Autor y Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, quienes depositaron cerca de 100 elementos probatorios que, según explicaron, demuestran la participación de los imputados, la estructura de la organización, su modus operandi y los resultados fraudulentos obtenidos.
Origen de la investigación
A través de una nota de prensa, el Ministerio Público informó que la investigación se inició tras las reclamaciones realizadas por varios clientes de una entidad del sistema financiero nacional.
Las indagatorias permitieron identificar a los miembros de la red que accedieron a los perfiles de los clientes, realizaron múltiples transferencias ilícitas a cuentas bancarias controladas por los imputados y retiraron los fondos a través de cajeros automáticos (ATM) y ventanillas en distintas instituciones financieras.
En el operativo, realizaron varios allanamientos en los que se ocuparon dispositivos electrónicos, documentos de identidad, libretas bancarias y otras evidencias relevantes para el caso.
Durante el operativo fueron ocupadas sustancias controladas y vehículos. El Ministerio Público procedió, además, a la incautación de varios inmuebles adquiridos con los recursos obtenidos a través de las actividades delictivas.
El órgano persecutor ha otorgado a los hechos la calificación jurídica de violación a los artículos 265 y 266 del Código Penal Dominicano, así como a los artículos 6, 14, 15 y 17 de la Ley 53-07 sobre Crímenes y Delitos de Alta Tecnología, y la Ley No. 155-17 contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.
