Asesinato del que fue absuelto «El Chacal» pica y se extiende
Por: Andrés Medina
«La corrupción en la República Dominicana ha sacado cédula», fue una de las frases que pronunció monseñor Fausto Ramón Mejía Vallejo, durante una alocución que ofreció una vez que se realizó la caminata «Un paso por mi familia», en San Francisco de Macorís.
A nivel judicial, la colectividad opina que el sistema de justicia dominicano está inmerso en una difícil situación, a consecuencia de que muchos ciudadanos dudan de la imparcialidad de los jueces, quienes, según la opinión pública, se han visto seducidos por el soborno o por temor a represalias por parte de allegados de los imputados.
Sin embargo, ha sido la primera teoría la que ha cobrado fuerza en la población dominicana, y así lo refleja el caso de Anderson Vélez Gutiérrez, alias «el chacal», sujeto que había sido señalado de supuestamente asesinar el 22 de septiembre de 2014 a Cecilio Fermín Domínguez «el sijo», al momento que a las afueras de un bar de San Francisco de Macorís se registrara un tiroteo con el que presuntamente Vélez Gutiérez tenía como objetivo acabar con la vida de la víctima.
Aunque «el chacal» admitió haberle disparado a Fermín Domínguez, éste fue puesto en libertad pura y simple por las juezas Antonia Rosario, Noemí Díaz y Enidia Olivares, funcionarias que fueron acusadas de cometer corrupción en este caso que causó conmoción en la sociedad dominicana. Y que de acuerdo con la Inspectoría de la Suprema Corte, existen pruebas que evidencian que Olivares fue sobornada con el propósito de que «el chacal» quedara absuelto del caso.
Para el 14 de noviembre del año en curso, a las especialistas en leyes -que no fueron suspendidas por esta acusación-, les fue conocido un juicio disciplinario, del cual los abogados de los querellantes están a la espera del fallo que emitirá el Consejo del Poder Judicial (CPJ).
La sentencia de las tres magistradas, de quienes se presume consiguieron protección y apoyo para que no fuesen separadas de sus cargos, desencadenaron un serie de protestas en San Francisco de Macoris y por este hecho, a José Omar Vélez Gutiérrez «el ñequito» y a Euris Harmen Vélez Victorio «el menor», les fue fijado un juicio de fondo que iniciará el próximo jueves 14 de diciembre de 2017.
Caso Awilda Reyes
En marzo de este año, los dominicanos expresaron por las redes sociales su descontento y le lanzaron una serie de improperios al sistema judicial del país, una vez que se conoció que, el Consejo del Poder Judicial destituyó a la jueza Awilda Reyes Beltré por «faltas graves y violación al Código de Ética».
Reyes, quien antes de ser inhabilitada para trabajar en el Estado por cinco años, presentó su renuncia como jueza de la Cuarta Sala Penal de Primera Instancia del Distrito Nacional, tras dejar en libertard al ex regidor, Pedro Brand, Ericson de los Santos Solis, ex funcionario aparentemente responsable de dar muerte al teniente de la Policía Nacional (PN), Zenón de Oleo Montero.
No obstante, este caso le salpicó al ex consejero del Poder Judicial, Francisco Arias Valera, quien fue acusado por el procurador general de la república, Francisco Domínguez, de supuestamente llevar un pago a Reyes Beltré, para que ésta dejara absuelto a Santos Solis de toda responsabilidad del hecho que se le imputó. Arias Valera, también fue señalado de presuntamente dirigir una banda de jueces que libran de penalidad a individuos implicados en el narcotráfico y lavado de dinero.
Estos han sido dos de los diversos casos de corrupción judicial que más han sonado en el país durante este año, lo que ha dejado como resultado una serie de manifestaciones por parte de la ciudadanía, quienes claman el cese de este flagelo.
Sin embargo, al parecer estas protestas no han causado mayor impacto en las autoridades gubernamentales, razón por la que, muchos aseguran que seguirán luchando hasta tener un digno sitema judicial y una pronunciamiento por parte del presidenete de la República Dominicana, Danilo Medina.
