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Se acabó la señal: Estados Unidos autoriza bloquear celulares ilegales dentro de las cárceles

ESTADOS UNIDOS.- Las prisiones estatales de Estados Unidos podrán bloquear las señales de teléfonos celulares introducidos ilegalmente en sus instalaciones, luego de que la Comisión Federal de Comunicaciones (FCC, por sus siglas en inglés) aprobara una normativa que permitirá a las autoridades penitenciarias utilizar esta tecnología para reforzar la seguridad en los centros de reclusión.

La decisión fue adoptada por unanimidad este jueves durante una votación de los comisionados reunidos en Washington y responde a una preocupación de las autoridades estadounidenses por el uso de dispositivos móviles de contrabando para cometer delitos desde las cárceles.

Según la agencia Associated Press (AP), los funcionarios penitenciarios han advertido durante años que los reclusos utilizan estos aparatos para dirigir operaciones de narcotráfico, coordinar motines e incluso ordenar actos de violencia contra custodios y otras personas fuera de los recintos.

La nueva disposición no obliga a las prisiones a instalar sistemas de bloqueo, pero establece condiciones para su utilización. Entre ellas, realizar múltiples pruebas que garanticen que las señales telefónicas fuera de los establecimientos no resulten afectadas y notificar a las autoridades cuando los dispositivos sean trasladados.

La comisionada Anna Gomez, quien finalmente respaldó la iniciativa, expresó preocupación por las posibles consecuencias de una calibración incorrecta, que podría interrumpir sistemas de seguridad doméstica o impedir llamadas de emergencia.

«Quiero asegurarme de que no perjudiquemos la seguridad pública en nombre de ayudar a la seguridad pública», manifestó Gomez, la única demócrata del panel.

Un problema de seguridad penitenciaria

El presidente de la FCC, Brendan Carr, defendió la autorización y sostuvo que la tecnología representa una herramienta adicional para las autoridades estatales y municipales, aunque reconoció que no constituye una solución definitiva al problema.

Carr reveló que cada año se confiscan alrededor de 25,000 teléfonos celulares en prisiones estatales y locales de Estados Unidos, una cifra que, según indicó, refleja la dimensión del contrabando de dispositivos en los centros penitenciarios.

Los aparatos son introducidos mediante diferentes métodos, entre ellos escondidos en balones de fútbol americano vaciados, con la colaboración de empleados corruptos o lanzados por encima de las cercas mediante drones.

Durante una visita a Carolina del Sur, el funcionario participó en una exhibición de cientos de teléfonos confiscados y drones utilizados para transportar artículos ilegales hacia las cárceles.

Ataques y motines vinculados a celulares ilegales

Entre los casos citados para justificar la medida figura el de Robert Johnson, un custodio penitenciario de Carolina del Sur que estuvo a punto de morir durante un ataque ocurrido en su vivienda en 2010.

De acuerdo con las autoridades, la agresión fue organizada por un recluso que utilizó un teléfono celular introducido ilegalmente en prisión.

Johnson ha relatado las secuelas físicas del ataque, que lo han obligado a someterse a casi tres docenas de cirugías y convivir con dolores permanentes.

Otro antecedente ocurrió en 2018, cuando siete reclusos murieron durante un motín en una prisión de Carolina del Sur, considerado entonces el enfrentamiento carcelario más mortífero en Estados Unidos en 25 años. Las autoridades atribuyeron el episodio a una disputa entre pandillas que habría sido coordinada, en parte, mediante teléfonos celulares ilegales.

Carolina del Sur, escenario de las primeras pruebas

Ese estado ha encabezado los ensayos de esta tecnología en centros penitenciarios. En 2008, la FCC autorizó una prueba de un sistema de bloqueo en una prisión de máxima seguridad, mediante un dispositivo que emitía una frecuencia capaz de interrumpir las señales telefónicas dentro de un área determinada sin afectar el servicio en el exterior.

Posteriormente, en 2019, se realizó otra prueba en una prisión estatal, como parte de una colaboración entre autoridades federales y penitenciarias.

Hasta ahora, la tecnología estaba permitida en instalaciones federales, pero las prisiones estatales necesitaban autorización de la FCC debido a las restricciones establecidas en una legislación de comunicaciones de casi un siglo de antigüedad.

Preocupaciones por los derechos de los reclusos

La autorización también ha generado cuestionamientos de organizaciones defensoras de los derechos de las personas privadas de libertad y de representantes de la industria de las telecomunicaciones.

Los grupos que defienden a los reclusos sostienen que las elevadas tarifas de los servicios telefónicos oficiales en las cárceles han impulsado a algunos internos a buscar alternativas ilegales para mantenerse en contacto con sus familiares.

Por su parte, las empresas de telecomunicaciones han advertido sobre el riesgo de que los sistemas de bloqueo interfieran con comunicaciones legítimas y afecten a personas que viven o trabajan cerca de los centros penitenciarios.

La FCC considera que las nuevas condiciones permitirán utilizar esta tecnología de manera más controlada, con el propósito de reducir el uso de celulares ilegales sin perjudicar las comunicaciones de las comunidades cercanas.

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