¿Qué hay detrás de los “29”? Fiscal Smaily Rodríguez pide investigar cada caso
AGENDA56, SAN FRANCISCO DE MACORÍS.- La procuradora fiscal titular de la provincia Duarte, Smaily Yamel Rodríguez, planteó la necesidad de investigar con rigor cada intervención de las autoridades que termine con personas heridas o fallecidas.
Rodríguez indicó que la expresión “intercambio de disparos”, popularizada ahora con el número 29, aparece con frecuencia en los titulares de los medios, cuando una intervención oficial termina con personas heridas o muertas.
Sin embargo, expresó que detrás de esa expresión existen preguntas que una sociedad comprometida con la seguridad y la justicia debe responder. La fiscal reconoció que la fuerza pública cumple una función indispensable, porque sus agentes enfrentan situaciones de peligro y deben tomar decisiones en segundos.
Dijo que los agentes también arriesgan sus vidas para proteger a otras personas, una realidad que reconoce el ordenamiento jurídico. No obstante, señaló que el poder para utilizar la fuerza tiene límites y debe responder a una necesidad concreta.
Agregó que esa fuerza también debe guardar proporción con el peligro que enfrentan los agentes durante una intervención.
Rodríguez explicó que esos límites no debilitan la autoridad, sino que contribuyen a otorgarle legitimidad frente a la sociedad.
Indicó que la Constitución protege la vida, la dignidad y la integridad de todas las personas, incluso de quienes enfrentan investigaciones.
Asimismo, destacó que las garantías constitucionales también protegen a los agentes y a los ciudadanos que podrían convertirse en víctimas de una agresión.
La procuradora fiscal sostuvo que cada actuación debe examinarse de acuerdo con las circunstancias reales, sin establecer conclusiones anticipadas.
Por esa razón, consideró necesario reconstruir la secuencia completa cuando una intervención de las autoridades termina en una muerte.
Rodríguez planteó que la investigación debe determinar qué información tenían los agentes antes de llegar al lugar de los hechos.
También debe establecer qué ocurrió cuando los agentes establecieron contacto, si existió una amenaza inmediata y qué alternativas tenían disponibles.
La fiscal agregó que las autoridades deben determinar cuándo comenzaron los disparos y en qué momento terminaron durante la intervención.
Explicó que una investigación fundada necesita testimonios, imágenes, análisis de la escena y pericias que permitan contrastar las distintas versiones.
Rodríguez aclaró que el resultado de una intervención no demuestra por sí solo que la fuerza utilizada haya sido ilegítima.
Del mismo modo, indicó que afirmar la existencia de una agresión tampoco demuestra que toda la fuerza empleada estuviera justificada.
Según explicó, ambas circunstancias requieren una investigación capaz de reconstruir los hechos y valorar las decisiones adoptadas durante el momento crítico.
La procuradora fiscal también llamó a cuidar el lenguaje utilizado para informar sobre hechos que todavía permanecen bajo investigación.
Dijo que una versión inicial puede orientar las primeras diligencias, pero no puede sustituir los resultados que produzca la investigación.
Rodríguez advirtió que presentar como definitivo un hecho todavía investigado puede afectar a las familias involucradas y generar dudas sobre los agentes.
Además, señaló que esa práctica puede afectar la confianza de los ciudadanos en las instituciones responsables de garantizar la seguridad.
La funcionaria expresó que informar con precisión implica diferenciar lo que las autoridades conocen de aquello que todavía constituye una versión.
Indicó que también deben mantenerse abiertas las preguntas que la evidencia disponible todavía no permite responder.
Rodríguez sostuvo que la seguridad que necesita la población requiere una Policía preparada para actuar con firmeza ante amenazas.
Al mismo tiempo, agregó que las instituciones deben examinar con rigor las consecuencias de cada intervención que termine con una muerte.
La fiscal explicó que investigar cada fallecimiento permite establecer responsabilidades cuando correspondan y despejar dudas cuando la actuación de los agentes resulte legítima.
También consideró que esas investigaciones permiten aprender de los hechos y adoptar medidas para prevenir nuevas pérdidas de vidas.
Rodríguez afirmó que el deber del Estado no termina cuando las autoridades recuperan el orden después de un disparo.
“Después de un disparo, el deber del Estado no termina con recuperar el orden”, expresó la procuradora fiscal.
Añadió que ese deber continúa con la búsqueda de la verdad y con el respeto de las garantías establecidas por la Constitución.
Señaló que esa búsqueda también debe proteger a quienes integran las instituciones encargadas de garantizar la seguridad pública.
Finalmente, Rodríguez sostuvo que la verdad, las garantías constitucionales y la protección de los agentes forman parte de la confianza necesaria para construir una seguridad duradera.
