EE.UU. desmantela red que cobraba hasta 100 mil dólares para conseguir “green cards” mediante matrimonios falsos
ESTADOS UNIDOS.- El Departamento de Justicia ha acusado a casi una docena de personas de participar en un plan multimillonario para ayudar a cientos de ciudadanos chinos a obtener de manera fraudulenta tarjetas de residencia permanente, conocidas como “green cards”, mediante matrimonios ficticios con ciudadanos de Estados Unidos.
Los ciudadanos estadounidenses recibían pagos de hasta 30.000 dólares para contraer matrimonios falsos con inmigrantes que buscaban el estatus de residente permanente legal, como parte del plan organizado desde Nueva York, según documentos judiciales. Los acusados cobraban hasta 100.000 dólares por cada tarjeta de residencia permanente, lo que generó decenas de millones de dólares a lo largo del plan, que se extendió durante una década, de acuerdo con las autoridades.
Las autoridades afirman que creen que el grupo organizó más de 1.000 bodas ficticias, y lo describen como uno de los mayores procesos por fraude matrimonial en la historia de Estados Unidos.
“Este plan no fue una operación rápida y pasajera, sino una industria clandestina de años, de miles de millones de dólares, para ayudar de forma delictiva a personas que, de otro modo, no se convertirían, o legalmente no podrían convertirse, en ciudadanos de Estados Unidos”, declaró el secretario de Justicia Todd Blanche a los periodistas.
Los cargos se presentan en el contexto de las restricciones del gobierno del presidente Donald Trump tanto a la inmigración legal como a la no autorizada, con las que se ha buscado endurecer el control sobre quién puede ingresar al país o convertirse en ciudadano.
Tras reclutar a ciudadanos de Estados Unidos, los acusados organizaban bodas falsas y, en algunos casos, montaban fotos de familias en lugares como restaurantes después, para que parecieran legítimas, según las autoridades. Luego, los acusados ayudaban a los inmigrantes a atravesar el proceso de solicitud del estatus de residente permanente legal.
“Estos planes tienen un costo real. Le arrebatan a nuestro país la capacidad de saber quién debe y quién no debe ser admitido en Estados Unidos”, sostuvo Blanche.
