Investigación revela que productos adquiridos con cupones en EE.UU. podrían terminar vendiéndose en RD
AGENDA56, SANTO DOMINGO.- Un reportaje publicado por el medio estadounidense Muckraker ha generado debate tanto en Estados Unidos como en República Dominicana al plantear que alimentos adquiridos mediante el Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria (SNAP), conocido popularmente como cupones de alimentos o food stamps, estarían siendo enviados desde territorio estadounidense hacia República Dominicana para su posterior comercialización.
Sin embargo, durante una entrevista concedida a N Investiga, el autor del reportaje, Anthony Rubin, reconoció que su investigación no logró determinar si detrás de estas operaciones existe una estructura de crimen organizado o si se trata de acciones aisladas realizadas por individuos que aprovechan los beneficios para ayudar a familiares o generar ingresos adicionales.
La investigación, publicada el pasado 27 de mayo bajo el título “We Exposed a Food Stamp Scam Stealing from Poor Americans” (Descubrimos una estafa de cupones de alimentos que roba a los estadounidenses pobres), se desarrolló principalmente en Lawrence, Massachusetts, una ciudad de aproximadamente 89 mil habitantes donde más de la mitad de la población es de origen dominicano y que figura entre las comunidades con mayor dependencia del programa SNAP en ese estado.
Según el reportaje, parte de los alimentos adquiridos mediante estos beneficios son colocados en barriles y enviados a República Dominicana a través de compañías de carga. Posteriormente, algunos de esos productos terminarían siendo vendidos en pequeños colmados ubicados en distintos puntos del país.
Muckraker también viajó a República Dominicana y visitó varios comercios donde encontró productos que, según los testimonios obtenidos por el medio, habrían sido enviados desde Estados Unidos. En uno de los establecimientos, una comerciante aseguró que parte de los alimentos que comercializaba provenían de familiares residentes en territorio estadounidense. En otro caso, una mujer afirmó obtener productos alimenticios a través de iglesias y organizaciones benéficas en Estados Unidos para posteriormente enviarlos al país.
No obstante, al ser cuestionado por N Investiga sobre el alcance real del fenómeno, Rubin admitió que no cuenta con evidencia suficiente para establecer cuántas personas participan en estas prácticas ni para determinar si existe una organización estructurada detrás de ellas.
“Estamos demostrando un sistema de fraude más general. Así que no es tan sencillo como ir y arrestar a alguien. Esto requeriría una reforma integral del sistema de cupones de alimentos”, afirmó durante la entrevista.
El periodista también reconoció que no pudo determinar con certeza el origen de algunos de los productos mostrados en el reportaje. En el caso de los alimentos obtenidos por una mujer que afirmó recibirlos de iglesias estadounidenses, señaló que no fue posible establecer si procedían de programas financiados por el gobierno federal o de donaciones privadas.
Las denuncias documentadas por Muckraker tampoco son nuevas. En julio de 2013, The New York Times publicó dos investigaciones en las que describía cómo beneficiarios de ayudas sociales en Nueva York compraban alimentos con tarjetas EBT y posteriormente los enviaban a familiares en República Dominicana, Haití y Jamaica. En aquel momento, empleados de supermercados y compañías de envíos afirmaron que la práctica era ampliamente conocida en determinadas comunidades inmigrantes.
Tras la difusión del reportaje, representantes de comerciantes dominicanos rechazaron que los casos mostrados puedan utilizarse para caracterizar a toda la comunidad dominicana residente en Estados Unidos.
El presidente de la Asociación de Bodegueros Unidos de América (UBA), Radhames Rodríguez, organización que agrupa a más de 14 mil miembros, sostuvo que las imágenes presentadas por Muckraker muestran situaciones puntuales y no reflejan la realidad de la mayoría de los comercios dominicanos.
Asimismo, señaló que los bodegueros están sometidos a constantes inspecciones y pueden perder sus licencias incluso por errores menores relacionados con la venta de productos mediante programas de asistencia alimentaria.
Una posición similar expresó Ricardo Rosario, presidente de la Central Nacional de Detallistas Unidos, entidad que agrupa a más de 24 mil propietarios de colmados, supermercados independientes y comercios detallistas en República Dominicana.
Rosario afirmó que los comerciantes dominicanos cuentan con mecanismos legales para importar productos estadounidenses gracias a los acuerdos comerciales existentes entre ambos países y consideró poco probable que negocios formales arriesguen sus operaciones comprando mercancías sin documentación.
Durante la entrevista con N Investiga, Rubin también reconoció que la mayoría de los dominicanos residentes en Estados Unidos son personas trabajadoras y respetuosas de la ley y afirmó que su investigación no pretende responsabilizar a toda la comunidad por las acciones de algunos individuos.
Aunque sostuvo que existen evidencias de que algunos productos adquiridos mediante asistencia alimentaria terminan llegando a República Dominicana, admitió que no obtuvo pruebas que permitan concluir que se trata de una estructura criminal organizada ni que estas prácticas representen a la generalidad de los dominicanos que residen en territorio estadounidense.
Las revelaciones han reabierto el debate sobre los controles existentes en los programas de asistencia social de Estados Unidos y sobre la necesidad de investigar cualquier posible irregularidad. Sin embargo, la información disponible hasta el momento no permite determinar si se trata de una red criminal estructurada o de casos aislados que ocurren de forma individual.
