Defensa de Hugo Beras arremete contra el MP tras difusión de chats
SANTO DOMINGO.- Ingrid Hidalgo, abogada del exdirector del Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), Hugo Beras, respondió este viernes a los argumentos presentados por el Ministerio Público durante la audiencia preliminar, especialmente la parte donde mostró una conversación de su defendido y el empresario Jochi Gómez, explicando que se habrían puesto de acuerdo por WhatsApp para ejecutar un contrato irregular para el proceso de semaforización del Gran Santo Domingo.
“Lo que pasa es que cuando uno no tiene de dónde sacar, uno se pasa el 60% contando chistes de conversaciones”, expresó Acosta.
La abogada consideró que la acusación carece de base probatoria sólida, al señalar que el órgano persecutor no ha podido demostrar la existencia de elementos constitutivos de los tipos penales imputados.
Cuestionó los señalamientos sobre un supuesto aumento ilícito del contrato vinculado a la empresa Dekolor, ejecutado entre Intrant.
La jurista explicó que, de existir irregularidades se enmarcan en el ámbito administrativo, específicamente bajo la Ley 340-06, modificada por la 47-25, sobre Compras y Contrataciones Públicas, cuyas sanciones contemplan la destitución del cargo, no consecuencias penales.
En ese sentido, afirmó que no se ha probado que las actuaciones atribuidas a su defendido constituyan delitos.
Expresó que, aunque el Ministerio Público presentó una lista de infracciones, no logró demostrar cómo se configuran los elementos de figuras como estafa o asociación de malhechores, únicas imputaciones señaladas directamente contra Beras.
Asimismo, hizo referencia a una resolución emitida por la Dirección General de Contrataciones Públicas en noviembre de 2023, tras una investigación sobre el caso, en la que, según explicó, se establecen posibles faltas administrativas y se recomienda proceder disciplinariamente contra funcionarios del Intrant, sin derivar en acciones penales.
También cuestionó la coherencia del Ministerio Público al indicar que, en casos similares, algunos funcionarios fueron únicamente destituidos sin ser sometidos a la justicia penal, mientras que en este proceso sí se ha optado por la vía judicial.
Aunque criticó la falta de sustento probatorio de la acusación, reconoció la calidad de la exposición realizada por el representante del Ministerio Público, Jonathan Perez Furcal, durante la publicación en audiencia de la conversación en la audiencia preliminar.
“Lamentablemente su proceso no tiene fundamento probatorio, pero hizo una magistral presentación”, expresó, destacando su respeto profesional hacia el fiscal actuante.
Uno de los aspectos más impactantes citados por el órgano acusador es que, durante conversaciones sostenidas entre Hugo Beras y José Ángel Gómez Canaán (Jochi), en marzo de 2023 ya se hablaba de la adjudicación del contrato y de su calendario, pese a que el proceso de licitación aún no había agotado etapas fundamentales, como la prueba de concepto y la apertura de ofertas.
El contrato en cuestión fue suscrito entre el Instituto Nacional de Tránsito y Transporte Terrestre (Intrant), bajo la gestión de Hugo Beras, y la empresa Transcore Latam, vinculada a Gómez Canaán, por un monto superior a los mil milones de pesos.
Los demás procesados en este caso son Pedro Vinicio Padovani Báez, exencargado del Centro de Control de Tráfico del Intrant, y Samuel Gregorio Baquero Sepúlveda, exdirector de Tecnología de esa institución.
Asimismo, figuran Frank Rafael Atilano Díaz Warden, excoordinador de Despacho y representante de Beras ante el Comité de Compras; Juan Francisco Álvarez Carbuccia, director administrativo y financiero del Intrant; y Carlos José Peguero Vargas. A la acusación también se suman Mariano Gustini, Manuel Eduardo Mora Vázquez y Henry Darío Féliz Casso.
Entre las empresas señaladas se encuentran Transcore Latam, S.R.L.; PagoRD Xchange, S.R.L.; Industria Soltex Dominicana, S.R.L.; Dekolor, S.R.L.; Aurix, S.A.S.; Inprosol, S.R.L.; y OML Inversiones, S.R.L.
El Ministerio Público explicó que la investigación arrojó evidencias de diversas líneas delictivas, incluyendo corrupción administrativa, fraude en contrataciones públicas, estafa contra el Estado, sabotaje a infraestructuras críticas, contrabando, falsificación, delitos de alta tecnología, actos de terrorismo en infraestructura crítica y lavado de activos. Estas irregularidades se habrían desarrollado principalmente a través del Intrant y el Ministerio de Defensa.
Según la acusación, mediante contratos y convenios irregulares con las empresas Dekolor, S.R.L.; PagoRD Xchange, S.R.L.; y Transcore Latam, S.R.L., se otorgó acceso privilegiado a estas entidades, las cuales habrían sido utilizadas para desviar fondos públicos y ejecutar operaciones de lavado de activos, en violación a los principios de transparencia, seguridad tecnológica y legalidad administrativa.
El órgano acusador sostiene que el eje central del esquema es José Ángel Gómez Canaán, quien mantiene vínculos societarios, financieros y operativos con las empresas Dekolor, PagoRD Xchange, Transcore Latam y Aurix. Bajo su dirección, según la acusación, estas entidades habrían conformado un entramado destinado a la estafa contra el Estado, el lavado de activos y el sabotaje tecnológico, consolidando control sobre infraestructuras críticas y recursos estratégicos estatales.
El proceso judicial se enmarca en las investigaciones relacionadas con el contrato para la red semafórica del Gran Santo Domingo, cuyo conocimiento se desarrolla ante el Sexto Juzgado de la Instrucción del Distrito Nacional, por la jueza presidenta Yanibet Rivas.
