Los motoconchos de Santiago tienen un problema de robo que los rastreadores GPS no resuelven
Rafael Mejía perdió su Honda CGL125 un martes por la noche de noviembre afuera de un colmado en Villa González, a veinte minutos de Santiago. Llevaba un rastreador GPS que compró por 1800 pesos en una ferretería de la Duarte, uno de esos aparatos chinos con tarjeta SIM prepago que mandan la ubicación al celular cada sesenta segundos. Cuando salió del colmado y no vio la moto, llamó al número que le dieron en la tienda y le dijeron que el dispositivo había dejado de transmitir a los diecisiete minutos del último ping. Mejía es motoconcho desde hace nueve años, trabaja la ruta Villa González-Santiago centro, y esa Honda era su único ingreso. Hizo la denuncia en el destacamento de Villa González esa misma noche y dice que el oficial le preguntó la marca y el color y le dijo que lo iban a llamar, y hasta la fecha nadie lo llamó. La moto costaba unos 135000 pesos, más o menos lo que Mejía gana en seis meses buenos de motoconcho si no le descuentas gasolina y mantenimiento.
Miguel Jiménez preside la Coordinadora de Moto-Taxis La Unión de Santiago y me dijo que el caso de Mejía no es raro, que le llegan historias parecidas tres o cuatro veces por semana en temporada alta, noviembre a febrero especialmente, y que la mayoría de los motoconchos que invierten en rastreadores baratos terminan igual, sin moto y sin señal. Jiménez lleva años pidiendo que las autoridades hagan algo con el tráfico de motos robadas hacia Haití por Dajabón y dice que la Policía Nacional le da cifras de recuperación que no se parecen en nada a lo que sus miembros reportan. La PN registró un robo de motocicleta cada dos horas durante 2024, 5371 denuncias en total, un aumento del 87 por ciento respecto a 2023 según el Departamento de Estadísticas de la Policía Nacional. De esas, Santiago acumuló unas 350 solo en la segunda mitad del año. Jiménez cree que la cifra real es más alta, porque muchos motoconchos ni denuncian. Les parece que no sirve de nada y que van a perder medio día de trabajo haciendo fila en el destacamento para que nadie los llame después.
El problema con los rastreadores baratos que se venden en las ferreterías es bastante simple. Un aparato de 1500 a 2500 pesos dominicanos usa una tarjeta SIM de Claro o Altice con un plan prepago que hay que recargar cada mes, transmite por red 2G que en zonas rurales entre Santiago y la frontera tiene cobertura irregular, y no tiene batería de respaldo propia, depende de la batería de la moto. Los ladrones que operan en bandas organizadas ya saben esto. Desconectan la batería o cortan el cable del rastreador en los primeros cinco o diez minutos, y el aparato muere. Un rastreador con batería interna, conexión 4G y alerta de sabotaje cuesta entre 80 y 150 dólares, tres o cuatro veces lo que paga un motoconcho promedio, y eso sin contar la suscripción mensual a la plataforma de monitoreo.
En junio de 2025 el Ejército interceptó un camión Kia en el trayecto de Tirolí, cerca de Dajabón, que llevaba siete motocicletas hacia Haití. Detuvieron a Raúl Antonio Díaz Ferreras y a Kelvin Samuel Durán Cerda, los dos dominicanos, y las motos no tenían papeles de propiedad ni placas visibles. En agosto la Policía Nacional desmanteló una red de robo y tráfico de motocicletas en Santiago y el cabecilla, José Adames, alias Juan, de 49 años, admitió según la PN que las motos se vendían a compradores haitianos que las cruzaban por pasos informales. Jiménez dice que estas operaciones son la punta del iceberg, que por cada camión que paran pasan cinco o seis que nadie toca, y que él personalmente conoce a tres motoconchos de su coordinadora que identificaron sus motos en fotos de redes sociales publicadas desde Cap-Haïtien semanas después de los robos.
Las motocicletas representan el 57 por ciento del parque vehicular dominicano, 3,5 millones de unidades sobre un total de 6,2 millones de vehículos registrados al cierre de 2024, y el sector motoconcho emplea a cientos de miles de personas, no existe un censo exacto pero algunas estimaciones hablan de 300000 motoconchos activos en todo el país. En Santiago y el Cibao norte el motoconcho es el transporte público de facto en las zonas donde no llega la OMSA ni hay rutas de guaguas regulares. Un especialista en rastreo vehicular de GPSWOX me dijo que en flotas organizadas de reparto o transporte, donde los vehículos llevan rastreadores con plataforma y batería autónoma, las tasas de recuperación son incomparablemente más altas, pero que el problema del motoconcho es otro, porque no es una flota y nadie lo gestiona como tal. Jiménez me contó que en su coordinadora hay registrados 1200 motoconchos, que quizás la mitad tiene algún tipo de seguro y que casi ninguno tiene seguro contra robo porque las aseguradoras no ofrecen pólizas para motos de menos de 200000 pesos, o si las ofrecen cobran primas que un motoconcho que gana 800 pesos al día no puede pagar. Un motoconcho que pierde su Honda o su Yamaha YBR puede tardar un año o más en juntar para otra, si es que no termina pidiendo prestado a un prestamista informal con intereses que Jiménez describe como criminales.
La respuesta institucional sigue siendo desigual. El Ministerio de Interior y Policía anunció que en 2024 los robos generales bajaron en casi 20000 respecto a 2023, pero los robos de motocicletas fueron en la dirección contraria, lo cual sugiere que los operativos se concentran en otros tipos de delito y que las motos siguen siendo el blanco más fácil. El INTRANT reconoció el crecimiento acelerado del parque de motocicletas como un desafío y habló de formalización del sector motoconcho, pero no hay una política pública concreta que aborde el robo como problema de transporte, no solo como problema policial. Mejía sigue trabajando, un vecino le prestó una passola vieja mientras junta plata para otra Honda, y dice que esta vez no va a comprar rastreador, que prefiere usar ese dinero en un candado mejor.
