Si Pumarol fue liberado, ¿por qué Ana Josefa García sigue en prisión?
AGENDA56, SANTO DOMINGO.– La reciente decisión judicial que otorgó libertad pura y simple a Jean Andrés Pumarol ha reavivado el debate sobre la equidad en el sistema de justicia dominicano, especialmente al compararse con el caso de Ana Josefa García Cuello, quien permanece privada de libertad bajo circunstancias que muchos consideran similares.
Pumarol fue acusado el año pasado de la muerte de Yolanda Handal Abugabir y de tentativa de homicidio contra varias personas, incluido su padre, en un hecho atribuido a un presunto brote psicótico. Su liberación estuvo sustentada en un informe médico que certifica que padece una enfermedad mental, lo que, según las autoridades, indica que no actuó con plena conciencia de sus actos.
Sin embargo, el caso de Ana Josefa García presenta elementos que generan interrogantes. Diagnosticada con esquizofrenia paranoide, la mujer es señalada por haberle quitado la vida a su propia hija durante un episodio psicótico severo. A pesar de su condición, se encuentra recluida en un centro penitenciario.
Ambos casos tienen en común un diagnóstico de trastorno mental que, de acuerdo con los informes, habría influido directamente en la comisión de los hechos. No obstante, la respuesta judicial ha sido distinta.
Especialistas en salud mental y derecho han señalado que, cuando se determina inimputabilidad por enfermedad mental, el enfoque debería ser el tratamiento médico en centros especializados, y no el encarcelamiento en prisiones tradicionales, consideradas inadecuadas para estos pacientes.
La diferencia en el manejo de ambos procesos ha generado cuestionamientos en la opinión pública sobre si factores como el acceso a recursos, representación legal o condiciones socioeconómicas pueden incidir en las decisiones judiciales.
Mientras Jean Andrés Pumarol enfrenta su situación desde un entorno de atención médica, el caso de Ana Josefa García continúa sin una respuesta clara sobre si será evaluado bajo los mismos criterios.
La pregunta queda abierta: si la justicia reconoció la condición mental en un caso, ¿por qué no ha ocurrido lo mismo en el otro?
