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PLD solicita a la PGR investigar uso de fondos públicos por parte del Gobierno para comprar alcaldes

AGENDA56, SANTO DOMINGO.– El Partido de la Liberación Dominicana (PLD) solicitó ayer a la Procuraduría General de la República que proceda a investigar el uso de fondos públicos por parte de funcionarios del gobierno central y municipal para comprar alcaldes, directores de distrito y otros funcionarios municipales de partidos de oposición.

Una comisión encabezada por el miembro del Comité Político y secretario Jurídico del PLD, José Dantés Díaz, y del miembro de Comité Político y Senador, Yvan Lorenzo,acompañados de decenas de abogados del PLD, depositaron este jueves una denuncia en el despacho de la Procuradora General de la República, Miriam Germán Brito, a raíz de lo publicado en un programa de investigación.

En dichos programas, transmitidos el sábado 11 y 18 de febrero pasado, queda evidenciado cómo el gobierno del PRM, a través de varios funcionarios, ha hecho uso de fondos públicos para promover el transfuguismo y la compra de funcionarios municipales electos en las boletas del PLD y el PRD, para que estos pasen a las filas del PRM, aumentándoles las partidas presupuestarias de sus alcaldías y facilitándoles nombramientos de familiares y allegados en la administración pública.

Por tal razón, el PLD, haciendo uso de las informaciones publicadas en dichos programas de investigación ha depositado una denuncia en la que solicita que sean investigados los señores José Ignacio Paliza, presidente del PRM y secretario administrativo de la Presidencia; Víctor D´Aza, secretario general de la Liga Municipal Dominicana; Catalino Correa (Freddy), ex Contralor General de la República; José Rijo, director general de Presupuesto, Samuel Martínez Veras, director educativo de Cabrera, así como los alcaldes y directores de distritos municipales Marlon Arias, Douglas Pichardo, Cristian Concepción, Hanoi Sánchez, María Mercedes Ortíz, Eduardo Esteban Polanco, entre otros funcionarios, por la posible comisión de los delitos y crímenes de Coalición de funcionarios, Prevaricación, Soborno o Cohecho de Funcionarios Públicos, violación a la Ley de Función Pública y a la Ley que establece el Sistema de Presupuesto Participativo Municipal.

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