Ordenan incautar bienes a diputados y funcionarios hondureños por corrupción

Una jueza de Honduras ordenó el aseguramiento e incautación de bienes inmuebles a 38 hondureños, entre ellos diputados, funcionarios y particulares, acusados de desviar más de 11,7 millones de dólares para financiar campañas políticas en las elecciones de 2013, informó hoy un medio local.

Policias-hondureños

La magistrada Lidia Álvarez concedió «la solicitud de decretar el aseguramiento e incautación por lo que se debe de proceder a la inscripción de la medida de prohibición de celebrar actos y contratos en el registro público de los bienes inmuebles», según la resolución divulgada este domingo por diario La Tribuna.

Los bienes incautados pasarán a disposición de la Oficina Administradora de Bienes Incautados (OABI) para «su custodia y administración», añade la resolución publicada.

Álvarez ordenó también la captura internacional de las personas citadas, afirmó a Efe el sábado un portavoz judicial que pidió el anonimato.

Los implicados son acusados por presunto «abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras», según la denuncia presentada en junio por la Unidad Fiscal Especial Contra la Corrupción y la Impunidad del Ministerio Público (Ufecic).

La magistrada ha citado a los acusados para este lunes en una audiencia de declaración de imputados, afirmó a Efe la misma fuente judicial.

Las autoridades hondureñas no han precisado cuántos diputados están acusados, ni sus identidades, tampoco si han sido notificados de la citación del lunes o si están o no en el país, lo mismo que del resto de señalados.

Álvarez conocerá la primera etapa del proceso del caso, conocido como «Pandora», que involucra a 38 personas, entre ellos el exalcalde del municipio de Yoro Arnaldo Urbina Soto, preso por blanqueo de dinero desde 2014, y el exministro de Finanzas William Chong Wong, quien falleció el 17 de junio a causa de un cáncer que padecía desde hace varios meses.

Urbina Soto, que ocupó el cargo entre 2009 y 2014, es acusado también por Estados Unidos de haber operado una organización de narcotráfico.

El caso fue investigado por un equipo de expertos de la Ufecic y de la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (Maccih), tras una denuncia de Pietro Di Battista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en la isla hondureña de Roatán.

Di Battista denunció una presunta «utilización indebida de la fundación Dibattista en operaciones atípicas y no autorizadas. Se acumuló a la misma, la auditoría especial realizada por el Tribunal Superior de Cuentas, practicada a la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG)», indicó el 13 de junio la Maccih en un comunicado.

El equipo de investigación halló «indicios suficientes (de) que fondos públicos destinados a fondos agropecuarios, agroindustriales y hortícolas (…) habían sido destinados a financiar las campañas políticas tanto del Partido Nacional (en el poder) como el Partido Liberal, en el año 2013, y otros gastos personales por un monto de 282.016.165 lempiras (unos 11,7 millones de dólares), añadió.

Los recursos, según la investigación, provenían de los Ministerios de Agricultura y Ganadería y de Finanzas, y para desviar los fondos se utilizaron las fundaciones «Todos Somos Honduras» y «Dibattista», precisó la Maccih.

Las fundaciones recibieron «los fondos para desarrollar dichos proyectos, los que finalmente habrían sido depositados en cuentas de particulares y de candidatos a diputados, alcaldes y regidores (concejales) del Partido Nacional, del Partido Frente Amplio (Faper) y directamente a las arcas del Partido Liberal».

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