Evalúan posibilidad anular acuerdo con Odebrecht por falta de testigos

AGENDA56, SANTO DOMINGO.- La incomparecencia de varios ejecutivos para testificar en el juicio por los sobornos de los US$92 millones que pagó Odebrecht a cambio de obras de infraestructura, se ha convertido en un obstáculo para el avance del proceso judicial en el país y ha motivado la posibilidad de que las autoridades de la Procuraduría General de la República (PGR) contemplen finiquitar el acuerdo suscrito con la constructora brasileña.

Wilson Camacho, titular de la Pepca consideró ayer que la no comparecencia de los testigos Mauricio Dantas Bezerra y de Rodrigo Maluf Cardoso es una falta de respeto de Odebrecht al sistema de justicia dominicano y advirtió que “llueva, truene o ventee” esos testigos tendrán que presentarse al tribunal a declarar.

Camacho aclaró que el hecho de que el Ministerio Público considere dejar sin efecto el acuerdo, no impide que los testigos comparezcan al juicio, ya que fueron admitidos y no pueden obstruir a la justicia.

El abogado José Miguel Minier, defensor de Ángel Rondón, principal imputado del proceso, consideró que las declaraciones del procurador Camacho son “un bulto”, ya que si realmente quisiera la nulidad del acuerdo no debería “amagar”.

¿Qué implica?

En el acuerdo de colaboración, Odebrecht se acogió al criterio de oportunidad para entregar al Ministerio Público toda la información, documentos, data, testimonios, declaración, y cualquier elemento que pudiera ser útil para esclarecer los hechos e identificar a las personas y empresas, obras involucradas, la forma en la que fueron efectuados los pagos, además de aportar toda la información para esclarecer los hechos admitidos en el acuerdo por la empresa sobornadora.

A cambio de esto, el Ministerio Público desistió de la persecución penal contra la empresa. Sin embargo, el mismo acuerdo establece que el incumplimiento de Odebrecht a su obligación facultará al Ministerio Público a dar por terminado el arreglo, retener las sumas que hubiesen sido pagadas por los daños y perjuicio (US$60 millones actualmente), y a reiniciar las persecuciones penales y civiles.

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